Tecnificar el riego agrícola en La Laguna es necesario. El agua es escasa, el acuífero está sometido a una fuerte presión y mantener sistemas ineficientes de conducción y aplicación resulta difícil de justificar. La discusión no está en ahorrar agua, sino en quién debe pagar la tecnificación cuando el beneficiario es una empresa o productor privado que obtiene una rentabilidad particular de la actividad agrícola.

El 9 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua anunció que el Gobierno de México avanza en un programa que pretende modernizar más de 250 mil hectáreas en 18 distritos de riego de 15 estados, entre ellos la Comarca Lagunera, con una inversión superior a 60 mil millones de pesos durante el sexenio.

La intención tiene una evidente utilidad pública. Conagua señala que pretende “producir más alimentos con menos agua” y explica que la tecnología llegará “desde los canales principales hasta las parcelas”.

El propio comunicado establece además qué espera obtener de esa inversión: “no sólo se incrementa la producción de alimentos, sino que también se utiliza menos agua”, y añade que los volúmenes ahorrados podrán destinarse al consumo humano.

Hasta ahí, el interés público resulta claro. Invertir en canales principales, conducción, medición y obras comunes puede justificarse porque el beneficio rebasa al propietario de una parcela. La pregunta comienza cuando los recursos públicos llegan hasta el interior de una explotación privada y financian tecnología que, además de ahorrar agua, puede aumentar la productividad de un negocio particular.

Subsidios públicos para producir

No estamos hablando solamente de créditos que posteriormente deban regresar al Estado. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de Conagua establece para 2026 que sus recursos federales son subsidios “a fondo perdido”, destinados a rehabilitación, tecnificación, conservación, construcción y equipamiento de infraestructura hidroagrícola.

Esto no significa que los más de 60 mil millones de pesos anunciados por Conagua se entregarán íntegramente bajo esa modalidad ni que cada productor recibirá gratuitamente un sistema de riego. Son programas e instrumentos que deben distinguirse. Pero sí demuestra que dentro de la política hidroagrícola federal existen recursos públicos no recuperables destinados a tecnificar la actividad productiva.

En el caso específico de La Laguna sabemos además que en marzo de 2025 Conagua, los gobiernos de Coahuila y Durango y los usuarios del Distrito de Riego 017 firmaron un convenio de tecnificación con una inversión anunciada superior a 9 mil 800 millones de pesos.

Las reglas aplicables al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola también exigen, dependiendo del componente, cartas compromiso de aportación de recursos de los usuarios. Es decir, tampoco sería correcto afirmar que toda tecnificación se paga exclusivamente con dinero federal.

La pregunta pertinente es otra: ¿qué porcentaje debe asumir la sociedad y qué porcentaje corresponde al productor cuando éste desarrolla una actividad empresarial con fines de lucro?

Ejidatarios y particulares no tienen la misma escala

Las estadísticas de Conagua ayudan a dimensionar la diferencia. En el Distrito de Riego 017, durante el ciclo agrícola 2015-2016, había 30 mil 976 usuarios ejidales y 2 mil 411 particulares. Los primeros regaron 29 mil 586 hectáreas y los segundos 20 mil 249.

La simple relación entre usuarios registrados y superficie efectivamente regada arroja aproximadamente 0.96 hectáreas por usuario ejidal frente a 8.4 hectáreas por usuario particular. Debe tomarse solamente como una referencia de escala, no como el tamaño promedio de la propiedad, porque un usuario registrado no necesariamente equivale a una explotación individual y existen transferencias y rentas de derechos.

Pero la diferencia resulta reveladora desde otro ángulo. Los particulares constituían apenas 7.2 por ciento de los usuarios, pero concentraban 40.6 por ciento de la superficie regada. Los ejidatarios representaban 92.8 por ciento y utilizaban 59.4 por ciento.

La concentración resulta todavía más marcada cuando se observa el agua subterránea. Un análisis académico del Registro Público de Derechos de Agua con información de 2015 encontró que aproximadamente 82 por ciento de las concesiones estudiadas correspondía a productores y empresas privadas, frente a alrededor de 18 por ciento de los ejidos.

Es una fotografía de hace once años y no debe presentarse como la distribución actual. Pero sirve para entender que el productor beneficiario de una política de tecnificación no constituye un universo económicamente homogéneo.

¿El mismo apoyo para todos?

Esta distinción resulta fundamental porque una parcela ejidal de subsistencia no puede colocarse en las mismas condiciones que una explotación comercial.

El dinero público destinado a que un pequeño productor pueda continuar cultivando tiene una evidente dimensión social. Pero cuando el beneficiario es una empresa o productor privado que comercializa su producción y obtiene de ella una utilidad, aparece una pregunta legítima: ¿hasta dónde corresponde al contribuyente financiar la tecnología necesaria para hacer más eficiente ese negocio?

Las propias reglas federales reconocen que debe existir participación de los beneficiarios en determinados componentes y establecen mecanismos de transparencia y publicación de beneficiarios. También confirman que los recursos federales del programa tienen carácter de subsidio y pueden entregarse a fondo perdido.

Por ello, la discusión no debería reducirse a tecnificación sí o tecnificación no, sino avanzar hacia un esquema proporcional. Mientras menor sea la capacidad económica del productor, mayor puede justificarse el apoyo público; mientras mayor sea la escala y capacidad financiera de una explotación comercial, mayor debería ser también su aportación.

Fuentes documentales

Comunicado de prensa 126/1-26, “Gobierno de México avanza en la implementación del Programa Nacional de Tecnificación del campo”, 9 de septiembre de 2026, citado directamente en el texto.

Para consultar:

Conagua — Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2026

Diario Oficial — Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Conagua — Convenio de tecnificación del Distrito de Riego 017 Región Lagunera

Secretaría de Economía, Data México — Trabajadores en actividades agrícolas y ganaderas

Secretaría de Economía, Data México — Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales, caza y pesca