La obra vial que conecta el bulevar Independencia con la calzada Abastos en Torreón ha detonado una ola de inconformidad ciudadana, no por su trazo o presupuesto, sino por el impacto ambiental que implica. Este jueves 19 de junio se presentó un recurso legal para frenar la remoción de más de 98 árboles en el camellón central, y el mismo día por la tarde, un grupo de jóvenes realizó una protesta en el sitio para impedir la tala.

El proyecto forma parte del llamado Sistema Vial Abastos-Independencia, que busca mejorar el flujo vehicular en una zona de alta carga urbana y comercial. Sin embargo, la solución técnica ha sido cuestionada por colectivos ambientales, profesionales del derecho y parte de la ciudadanía, al considerar que prioriza el concreto sobre la cobertura vegetal y desatiende la participación ciudadana.

Una de las voces más visibles ha sido la de Sofía Díaz Lozano, abogada y cofundadora de la colectiva Abogadas Laguneras, quien presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, al considerar que la intervención vulnera derechos humanos consagrados en la Constitución.

“La tala masiva viola el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a una vida digna y a la participación ciudadana”, señaló Díaz Lozano, al hacer referencia a los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Carta Magna.

De acuerdo con declaraciones oficiales, la empresa responsable de la obra planteó como medida compensatoria la donación de cinco árboles por cada uno talado. No obstante, la abogada advierte que esta fórmula no toma en cuenta la funcionalidad ecológica de los ejemplares adultos.

“Un árbol joven no ofrece el mismo servicio ambiental que uno maduro. Para capturar una cantidad similar de dióxido de carbono, proporcionar sombra o regular la temperatura, se requieren al menos entre 10 y 30 años de crecimiento”, explicó.

El tema se vuelve particularmente delicado en un entorno como el de Torreón, donde las temperaturas superan regularmente los 40 °C. Según Díaz Lozano, la eliminación de árboles contribuye directamente al incremento del fenómeno de isla de calor urbana, un proceso en el que las zonas urbanas retienen más calor debido a la escasa vegetación y el exceso de superficies duras como asfalto y concreto.

Este jueves, en punto de las 17:00 horas, un grupo de personas —en su mayoría jóvenes— se reunió en el camellón del bulevar Independencia, en el tramo donde está prevista la remoción de árboles, para exigir públicamente que se detenga la tala. La protesta fue pacífica y se centró en demandar mayor transparencia, participación ciudadana y un rediseño del proyecto que incluya criterios ambientales sólidos.

Además, Díaz Lozano cuestionó la aplicación del artículo 64 del Reglamento Municipal de Medio Ambiente, que establece la obligación de donar entre 5 y 50 árboles por cada ejemplar talado. “¿Por qué se optó por el mínimo permitido? ¿Dónde están los estudios técnicos que respalden esa decisión?”, preguntó.

La abogada explicó que su compromiso no es solo jurídico, sino también personal y ciudadano. “No podemos fingir que no pasa nada con el medio ambiente. Yo soy de las que no soporta el calor, y esto tiene que ver con la destrucción progresiva de nuestras áreas verdes. La planeación urbana en Torreón no puede seguir al margen del clima, ni de la salud pública”, expresó.

El amparo interpuesto busca frenar la tala y obligar a las autoridades a presentar un estudio de impacto ambiental, así como a garantizar mecanismos de consulta y participación ciudadana. Mientras tanto, las manifestaciones ciudadanas y los recursos legales apuntan a una misma exigencia: repensar el desarrollo urbano desde una lógica ambiental, científica y colectiva.