La Comisión para la Cooperación Ambiental tiene 60 días para decidir si abre un expediente de hechos por el manejo de la cuenca baja del río Nazas.

La organización ciudadana Pro Defensa del Nazas entró en una nueva etapa de su proceso internacional para hacer que se respeten los derechos del río Nazas, luego de que el Gobierno federal de México respondiera negativamente a la petición presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el colectivo, la petición ante la CCA busca que un organismo internacional revise si el Estado mexicano está cumpliendo o no sus propias leyes ambientales en la cuenca baja del río Nazas. El mecanismo permite a ciudadanos y organizaciones denunciar omisiones en la aplicación de la legislación ambiental, y puede derivar en la elaboración de un expediente de hechos que documente daños, responsabilidades y fallas institucionales en el manejo de los ecosistemas.

En entrevista, el abogado ambientalista Luis Pedroza, integrante de Pro Defensa del Nazas, consideró que la respuesta federal no abordó el problema de fondo. “Uno esperaría que el Gobierno de México reconociera que no se ha hecho lo suficiente para reconocer los derechos del Nazas y que tampoco se ha hecho lo suficiente para rescatar la cuenca baja de este río”, afirmó.

De acuerdo con un boletín difundido por el colectivo, la respuesta oficial se caracterizó más por cuestionamientos al organismo internacional que por argumentos técnicos sobre la situación ambiental de la cuenca baja del río Nazas. El documento señala que la postura gubernamental incluyó descalificaciones al personal técnico de la CCA, a quienes atribuyó “limitaciones técnicas significativas” y una “incomprensión fundamental del mandato conferido”.

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El especialista e integrante de Pro Defensa del Nazas, explicó que el conflicto no se centra en la construcción histórica de las presas, sino en la gestión actual del agua. “Aquí el planteamiento es que no has administrado de manera correcta el agua del río Nazas, porque no has reservado un volumen para mantener vivo al río, como te lo ordenan tus leyes ambientales”, señaló.

Según el boletín, uno de los argumentos centrales del Gobierno mexicano fue que las principales presas del sistema (Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que contienen las aguas del Nazas) se construyeron en una época en la que no existía el derecho ambiental, por lo que no podrían evaluarse bajo estándares actuales.
Para Pro Defensa del Nazas, esta postura evita discutir las obligaciones ambientales vigentes y desplaza la atención hacia una confrontación institucional.

Pedroza también advirtió sobre el tono diplomático de la respuesta: “Creemos que es un manejo totalmente inadecuado de la situación, con desaciertos diplomáticos que trascienden más allá de la discusión ambiental”, dijo.

El abogado subrayó que la Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo intergubernamental integrado por funcionarios de los tres países del T-MEC y encargado de revisar las peticiones ciudadanas.
En ese contexto, consideró delicado que el gobierno mexicano cuestione las capacidades técnicas de la propia comisión.

Además, especialistas y organizaciones han insistido en que la aplicación efectiva de las leyes ambientales en la Comarca Lagunera es clave para recuperar el equilibrio hidrológico regional. La restitución del acuífero y el respeto a los caudales ecológicos del río Nazas no solo responden a obligaciones legales, sino a la necesidad de garantizar la viabilidad ambiental y social de la región, donde la sobreexplotación del agua y la pérdida de flujos naturales han deteriorado ecosistemas y fuentes de abastecimiento.

Los siguientes pasos

Tras la notificación oficial, se abrió un plazo de 60 días para que la CCA determine si procede la elaboración de un expediente de hechos, un documento técnico internacional que evalúa posibles omisiones en el cumplimiento de la legislación ambiental.

“El siguiente paso es esperar ese plazo. La Comisión va a analizar nuestros planteamientos y los del gobierno mexicano para decidir si hace un expediente de hechos o no”, explicó Pedroza.

El abogado detalló que este tipo de expediente no es una sentencia judicial, pero sí constituye un documento técnico que recopila irregularidades y omisiones ambientales. “Es un expediente donde la autoridad recopila irregularidades en el cumplimiento de las leyes ambientales y concluye con el análisis del daño ambiental y las omisiones del gobierno”, indicó.

De emitirse, agregó, el expediente se convertiría en una prueba internacional sobre la afectación al río Nazas y la responsabilidad del Estado mexicano.

Mientras tanto, Pro Defensa del Nazas se mantendrá a la espera de la resolución del organismo trinacional, que definirá el rumbo del proceso en los próximos meses.