Por Héctor Esparza

En Torreón, el debate sobre la privatización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) se intensifica mientras las autoridades buscan alternativas para garantizar el servicio de agua potable en la ciudad. El alcalde Román Alberto Cepeda González, quien asumió el cargo en 2022, enfrentó críticas sobre la ineficiencia del SIMAS y su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente ante las cifras que revelan una deuda de 240 millones de pesos y más de 800 millones en cuentas vencidas. Ante esto, el edil mencionó la posibilidad de un préstamo o la implementación de un modelo público-privado para estabilizar las operaciones del sistema.

A pesar de estas propuestas, Cepeda enfatiza que no considera privatizar el servicio como tal, sino explorar opciones que permitan la participación de la sociedad y el sector privado sin perder el control ciudadano sobre el agua. El alcalde insiste en que la mayoría de la propiedad del SIMAS debe permanecer en manos de la población de Torreón, buscando un modelo que garantice la continuidad y calidad del servicio independientemente de la administración en turno.

Sin embargo, las declaraciones de Cepeda llegan en un momento en el que la población y expertos en derechos humanos, como Miguel Ángel Hernández Muñiz, enciende alertas sobre las implicaciones que podría tener la privatización o cualquier forma de externalización del servicio. Hernández Muñiz, fundador y representante del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, advierte que la privatización, ya sea total o parcial, podría afectar gravemente el acceso al agua de la población más vulnerable.

La ineficiencia de los sistemas públicos y el riesgo de la privatización

En entrevista, Hernández Muñiz expuso que la ineficiencia de SIMAS refleja, en gran medida, una incapacidad del gobierno local para cumplir con sus responsabilidades constitucionales. A pesar de las promesas del alcalde de que Torreón tendría agua las 24 horas del día, el servicio sigue siendo insuficiente. "El problema aquí es que se ha buscado maquillar la realidad con discursos y promesas, pero en los hechos no hay avances significativos", asegura Hernández. "No se trata solo de resolver la deuda y estabilizar las operaciones; se necesita un sistema operador eficiente en todos sus aspectos: técnico, financiero, administrativo y operativo".

Hernández señala que en la región lagunera, los sistemas de agua han enfrentado problemas estructurales por décadas. "Esto no significa que un sistema público no pueda ser eficiente, sino que no ha habido la voluntad política y los recursos necesarios para lograrlo", comenta. Para él, la privatización se presenta como una salida fácil, un recurso desesperado que no aborda las verdaderas causas del problema, como la corrupción, la mala administración y la falta de inversión en infraestructura.

El ejemplo de Aguas de Saltillo: ¿Modelo a seguir o advertencia?

El caso de Aguas de Saltillo (AGSAL), un modelo de asociación público-privada en Coahuila, se ha utilizado como referencia por parte de las autoridades de Torreón para justificar la exploración de un esquema similar en SIMAS. Sin embargo, Hernández advierte que este ejemplo no es del todo positivo. "Aunque Aguas de Saltillo ha sido alabada por su eficiencia, la realidad es que las tarifas han aumentado drásticamente y el acceso al agua para las comunidades más pobres sigue siendo un desafío diario", explica. "La lógica empresarial busca maximizar ganancias, lo cual no siempre se alinea con el objetivo de garantizar un servicio básico y asequible para toda la población".

En este sentido, Hernández argumenta que cuando un servicio vital como el agua se privatiza, los intereses de las empresas privadas, enfocadas en el lucro, tienden a prevalecer sobre las necesidades sociales. "En México, ya hemos visto cómo, en otras ciudades, las empresas privadas utilizan la privatización como un mecanismo para aumentar tarifas y restringir el acceso al agua, afectando directamente a las personas con menos recursos", menciona.

Los riesgos de la privatización y la gestión del agua en México

La privatización del agua en México ha tenido consecuencias negativas en varias ciudades. En Saltillo, por ejemplo, la empresa Aguas de Saltillo ha enfrentado críticas por cortes de agua en tomas comunitarias cuando las personas no pueden pagar las facturas, afectando a las familias de escasos recursos. En otras regiones del país, las tarifas subieron de forma desproporcionada, y la calidad del servicio no siempre es mejor con la entrada del sector privado.

En el informe “La nueva economía del agua: los riesgos y beneficios de la globalización y la privatización del agua dulce”, el doctor Peter H. Gleick subraya que, aunque la privatización puede ser una herramienta útil en ciertas circunstancias, se deben implementar directrices claras para garantizar el acceso equitativo al agua, proteger el medio ambiente y asegurar la transparencia en los acuerdos. "El agua es un recurso vital para la salud humana y ambiental; su gestión no puede depender únicamente de los intereses privados", afirma Gleick.

Hernández coincide con esta visión y critica el hecho de que, en México, las autoridades han promovido políticas que favorecen la mercantilización del agua, en lugar de buscar soluciones que garanticen su gestión como un bien común. "La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha sido cómplice de esta tendencia, promoviendo políticas que benefician a las grandes corporaciones y desprotegen a la ciudadanía", denuncia. 

El futuro del agua en Torreón: un llamado a la acción ciudadana

La situación en Torreón pone en evidencia la necesidad de una gestión eficiente y comprometida del agua que vaya más allá de las promesas de campaña. Hernández enfatiza que, para garantizar un acceso pleno y equitativo, se debe retirar la política de la administración del SIMAS. "No podemos permitir que los intereses políticos sigan afectando un servicio tan fundamental. Necesitamos una administración profesional y transparente que priorice el derecho humano al agua sobre cualquier otro interés".

El activista y defensor de derechos humanos concluye que la población de Torreón debe estar atenta y exigir a las autoridades una solución que garantice la calidad y continuidad del servicio sin sacrificar el control ciudadano sobre el recurso. "La sociedad torreonense no debe permitir que se tomen decisiones sin su participación. Es momento de que las autoridades demuestren con hechos que su prioridad es garantizar agua para todos, sin excepciones ni excusas".