La noticia de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestiona a México por una seria acciones a favor del gas fósil líquido (GSL) a despertado las alarmas internacionales y nacionales.
La ONU cuestiona a México dentro de una política ambiental mexicana que atraviesa uno de sus momentos más tensos. En menos de un año, el país ha recibido un llamado de atención por parte de nueve relatoras especiales de la ONU y ha presentado un presupuesto federal que, según organizaciones ambientales, contradice sus compromisos climáticos. Ambos hechos dibujan un panorama en el que México avanza hacia modelos de desarrollo que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos, especialmente los del Golfo de California, y comprometen su responsabilidad ante la crisis climática global.
A continuación, analizamos el contenido de la comunicación enviada y de qué manera la ONU cuestiona a México sobre los megaproyectos de gas fósil proyectados para Sonora y Sinaloa, así como las preocupaciones que Greenpeace México ha señalado respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
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El 2 de diciembre de 2025, la ONU envió una comunicación oficial al Gobierno de México expresando su preocupación por la posible instalación de cuatro terminales de GFL y dos gasoductos en el Golfo de California. Estos megaproyectos — cuatro terminales (Terminal GNL de Sonora -Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá) y dos gasoductos (gasoducto Sierra Madre y gasoducto Corredor Norte) — podrían convertir a México en el cuarto exportador de GFL del mundo, pero a costa de la salud de miles de personas y de ecosistemas de alto valor biológico.
La ONU cuestiona a México y advierte que estos proyectos, de avanzar sin evaluaciones ambientales completas y sin participación de las comunidades, colocarían al país en incumplimiento del Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y principios fundamentales de la Constitución mexicana. Su carta menciona explícitamente riesgos como contaminación tóxica, afectación a los derechos humanos y daños irreversibles en uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.
Detrás de esta alerta hay una preocupación global: la expansión de la industria fósil en un territorio conocido como el “Acuario del Mundo”, nombre que hacer referencia al actual valor natural de la zona. La ONU recuerda que la quema de combustibles fósiles es una de las principales actividades humanas que intensifican la crisis climática, y que cualquier país que apueste por ampliar su infraestructura fósil se aleja de la meta de limitar el calentamiento global.
La comunicación de Naciones Unidas no surgió en el vacío. En diciembre de 2024, 25 representantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas solicitaron la intervención de las Relatoras Especiales. Su preocupación: la falta de transparencia, la ausencia de información pública completa y el riesgo de que megaproyectos energéticos se aprueben sin consultar adecuadamente a las poblaciones afectadas.
Las comunidades exigieron que México y Estados Unidos —pues algunas de las empresas involucradas son de origen estadounidense y singapurense— detuvieran la expansión fósil en la región hasta garantizar una evaluación independiente sobre los efectos en la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias.
La respuesta derivó en el envío de tres comunicaciones oficiales: una al Gobierno de México, otra a las empresas implicadas y una adicional a los países de origen de dichas compañías. Con ello, México quedó formalmente bajo escrutinio internacional.
Para las organizaciones que impulsaron esta acción, cualquier avance de los megaproyectos sin corregir las irregularidades sería una señal de que el Estado mexicano prioriza intereses industriales sobre el bienestar comunitario, los derechos humanos y la conservación ambiental.
Mientras la ONU cuestiona los megaproyectos fósiles, Greenpeace México advierte otro problema: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Según la organización, el presupuesto presentado por la administración de Claudia Sheinbaum no coloca la protección ambiental como prioridad.
El Anexo 16, destinado a mitigación y adaptación al cambio climático, asciende a más de 212 mil millones de pesos. Sin embargo, una revisión detallada revela que buena parte de esos recursos terminan apoyando proyectos controvertidos, como infraestructura férrea, ampliación de terminales energéticas e incluso mayor militarización del territorio, en lugar de destinarse directamente a la protección y restauración de ecosistemas.
Greenpeace destaca un dato alarmante:
los proyectos ferroviarios y la militarización recibirán 17 veces más presupuesto que la restauración de ecosistemas.
Un ejemplo claro es la terminal de carga de Cancún del Tren Maya, con un costo estimado de 7,760 millones de pesos y una deforestación proyectada de 261 hectáreas. En contraste, todo el presupuesto nacional para restauración ambiental y especies prioritarias es 60 veces menor a lo destinado solo para este componente del Tren Maya.
Esta distribución presupuestal muestra, según la organización, que México continúa apoyando megaproyectos que deterioran su patrimonio ambiental mientras reduce recursos esenciales para enfrentar la crisis climática.
Detrás de que la ONU cuestiona a México, se desglosan compromisos internacionales claros: transitar hacia energías limpias, proteger la biodiversidad y garantizar participación ciudadana en proyectos de alto impacto. Sin embargo, la combinación de megaproyectos fósiles cuestionados y un presupuesto que favorece industrias basadas en hidrocarburos sugiere una brecha entre el discurso climático y la práctica gubernamental.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Presidenta, a SEMARNAT y a la ASEA:
México tiene, hoy, una oportunidad histórica para demostrar liderazgo climático. Atender las preocupaciones de la ONU y corregir las inconsistencias presupuestales sería un paso crucial para reafirmar su compromiso con la transición energética. Ignorar estos llamados no solo implicaría un costo ambiental y social, sino también un costo político y ético irreparable
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