En el marco de su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío a la Cámara de Diputados de la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua y evitar que este recurso continúe tratándose como mercancía.
La propuesta busca revertir los cambios realizados en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando las concesiones de agua se volvieron transmisibles y negociables entre privados, lo que —según la mandataria— generó descontrol, acaparamiento y uso excesivo del recurso en varias regiones del país.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, el agua seguirá siendo concesionable, pero ya no se podrán vender ni transferir títulos de concesión. Además, los cambios de uso de suelo dejarán de ser un mecanismo para modificar dichos permisos. La iniciativa también plantea que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de regular y ordenar de manera transparente el acceso y uso del recurso.
Entre los aspectos más relevantes que contempla la iniciativa destacan:
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, aseguró que se trata de una visión humanista que coloca al agua como un derecho y no como un privilegio, mientras que el director general de Conagua, Efraín Morales López, recalcó que la propuesta reconoce incluso a los sistemas comunitarios de gestión del agua.
Durante la misma conferencia matutina, la presidenta informó que tras las lluvias atípicas registradas el 27 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya se iniciaron operativos de apoyo a las familias afectadas en Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, Estado de México.
La Secretaría de Bienestar comenzó la entrega de apoyos de 8 mil pesos por vivienda para tareas de limpieza, mientras que Conagua y Protección Civil realizan diagnósticos en colectores y sistemas de drenaje de la zona.
El director de Conagua destacó que se trató de una de las precipitaciones más intensas en décadas, con registros de hasta 91 milímetros en algunas zonas, lo que llevó a desplegar más de mil 500 trabajadores, 58 equipos especializados y 20 pipas de apoyo.
La iniciativa abre un nuevo capítulo en la gestión del recurso hídrico en el país. De ser aprobada, implicará cambios profundos en la manera en que se otorgan y regulan las concesiones de agua, limitando el mercado privado y fortaleciendo la rectoría del Estado.
El debate ahora pasará al Congreso, donde se definirá si México avanza hacia un modelo más restrictivo y regulado, o si se mantiene el esquema que ha operado durante las últimas tres décadas.
Compartir en Facebook
