Hay algo que me preocupa en los conflictos que se están acumulando en Lerdo: la dificultad de los gobiernos de Durango para dialogar con quienes se oponen a sus decisiones. No es un fenómeno nuevo y existe un antecedente demasiado grave como para olvidarlo.
El 9 de marzo de 2018, durante los gobiernos de José Rosas Aispuro en Durango y Leticia Herrera Ale en Gómez Palacio, habitantes de El Siete, La Aurora, Abisinia, El Volado y otras comunidades se manifestaron contra la instalación de la planta de cianuro de sodio de Chemours. La respuesta terminó en una intervención de policías estatales y municipales, golpes y 49 personas detenidas, entre ellas cinco menores y 15 mujeres. SinEmbargo documentó además personas hospitalizadas y procesos penales posteriores.
Las denuncias fueron todavía más graves. La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentaron testimonios sobre tortura, incomunicación, amenazas y hostigamiento sexual contra personas detenidas. Son denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos y así deben presentarse, pero forman parte de la historia de aquel conflicto.
Ocho años después no estamos ante el mismo gobierno ni frente al mismo proyecto. Sin embargo, encuentro una constante preocupante: la protesta sigue siendo recibida con descalificación antes que con una verdadera operación política capaz de procesar la inconformidad.
El ejemplo más reciente comenzó con Fermachem. El gobernador Esteban Villegas Villarreal ha defendido públicamente la planta de fertilizantes proyectada para Lerdo y sostiene que cumple con los requerimientos ambientales. Defender una inversión que su gobierno considera importante forma parte de sus atribuciones. Lo que resulta innecesario es descalificar a quienes se oponen.
Villegas habló de reunirse con los “verdaderos ambientalistas” y atribuyó a otros opositores motivaciones políticas. En otra declaración fue todavía más claro: “Hay voces que es no y no y no, y eso es político”.
Ahí comienza el problema. Quien gobierna no necesita decidir cuáles ciudadanos son ambientalistas auténticos y cuáles no. Necesita escuchar sus argumentos, confrontarlos con información técnica y poner sobre la mesa los documentos que permitan demostrar si sus preocupaciones tienen o no sustento.
Las manifestaciones contra Fermachem continuaron y la tensión llegó a la plaza principal de Lerdo, donde una movilización terminó en un enfrentamiento con integrantes de un grupo de motociclistas. No encuentro elementos para responsabilizar al Gobierno de aquella agresión y no tendría sentido hacerlo sin pruebas. Lo que sí resulta evidente es una creciente intolerancia social hacia la protesta: ciudadanos que consideran que pueden impedir que otros ciudadanos se manifiesten porque no comparten sus posiciones.
Y ese fenómeno acaba de repetirse.
El nuevo escenario es el Parque Forestal de Lerdo, al que generaciones enteras conocemos como Las Auras. Ahí tampoco creo que la discusión deba reducirse a estar a favor o en contra de cualquier intervención.
El parque necesita atención. Hay árboles afectados, infraestructura deteriorada y necesidad de garantizar agua suficiente para conservar uno de los espacios arbolados más importantes de Lerdo. El Gobierno estatal plantea una rehabilitación que incluye riego con agua tratada, mejoras en accesos, trotapista, instalaciones eléctricas y otras obras.
También existe, sin embargo, un grupo de ciudadanos que teme que la intervención termine modificando excesivamente el espacio o provocando la pérdida de árboles. Han pedido conocer los dictámenes, el proyecto ejecutivo y el inventario del arbolado. La alcaldesa Susy Torrecillas sostiene que existe disposición al diálogo; los manifestantes aseguran que no han encontrado esa interlocución efectiva.
Eso debería resolverse con expedientes abiertos, especialistas y reuniones públicas, no desacreditando a quienes protestan.
Lo ocurrido este lunes 21 de septiembre demuestra cuánto se ha deteriorado el ambiente alrededor del conflicto. Integrantes del colectivo Defensa del Parque Ecológico Las Auras acudieron nuevamente a manifestarse y se encontraron con otro grupo que respalda las obras.
La diferencia de opiniones terminó en empujones, insultos, lanzamiento de piedras y agua, arañazos y mordidas. También se reportaron teléfonos, cámaras y carteras sustraídos temporalmente, la quema de una lona y afectaciones a personas adultas mayores. La policía llegó posteriormente y no hubo detenidos.
No necesito saber quién envió a quién para encontrar grave lo ocurrido. Tampoco puedo afirmar que quienes agredieron a los manifestantes actuaran por instrucciones gubernamentales. Lo comprobable es suficiente: un grupo de ciudadanos intentó impedir la protesta de otro y la diferencia terminó en violencia física. Eso también es intolerancia.
Me preocupa que nuevamente aparezca el argumento político para explicar la inconformidad. Que detrás de una protesta participe una diputada, un partido, una organización ambientalista o cualquier personaje público puede discutirse y documentarse. Pero aun si existieran intereses políticos, eso no invalida automáticamente las razones de quienes se manifiestan ni autoriza a nadie a impedirles hacerlo.
El problema de fondo es otro. Los gobiernos necesitan mecanismos para administrar el conflicto sin convertir al inconforme en adversario.
La experiencia de Chemours debería haber dejado esa enseñanza. En 2018 una diferencia sobre un proyecto industrial terminó con policías enfrentándose a habitantes, decenas de detenidos y graves denuncias de violaciones a derechos humanos. No estoy diciendo que Las Auras o Fermachem sean una repetición de Chemours. Estoy diciendo que los conflictos crecen cuando la interlocución política fracasa. Y para dialogar tampoco es indispensable estar de acuerdo.
En Las Auras hay una oportunidad muy sencilla de demostrarlo: hacer público el proyecto ejecutivo, los dictámenes del arbolado, el inventario forestal, las obras proyectadas, los contratos y los responsables técnicos; después sentar en una misma mesa a funcionarios, ciudadanos y especialistas independientes.
Tengo muy presente lo ocurrido recientemente con el ahuehuete de la Plaza de Armas de Torreón. Cuando entrevisté al doctor José Villanueva Díaz, especialista en dendrocronología, me explicó que una cavidad central no significa necesariamente que un ahuehuete esté muerto, porque la actividad fisiológica ocurre en los tejidos vivos exteriores. Reconoció las presiones que sufría aquel ejemplar, pero también confirmó la importancia de que decisiones de esa naturaleza sean respaldadas por conocimiento especializado.
Eso mismo debería ocurrir en Las Auras. Si hay árboles que representan un riesgo, que los dictámenes lo demuestren. Si pueden conservarse, que los especialistas expliquen cómo. Si las obras mejorarán el bosque urbano, que el proyecto permita comprobarlo.
La participación ciudadana puede ser incómoda para cualquier gobierno. Puede equivocarse, exagerar o estar influida por posiciones políticas. Pero su existencia obliga al poder a explicar mejor sus decisiones, transparentarlas y escuchar.
Y quienes defienden las obras tienen exactamente el mismo derecho a expresarse, pero no a impedir que otros se manifiesten, mucho menos mediante empujones, golpes o agresiones.
Las Auras necesita agua, mantenimiento, árboles sanos y una intervención profesional. Fermachem requiere información técnica suficiente para que sus impactos puedan discutirse públicamente. Ambos conflictos necesitan algo que hasta ahora ha resultado escaso: capacidad política para escuchar la inconformidad sin descalificarla y tolerancia para aceptar que una sociedad también se expresa cuando protesta.
Gobernar también consiste en saber qué hacer cuando una parte de la sociedad no está de acuerdo con ellas.
