El oficio de la Consejería Jurídica que abrió un nuevo frente en la protección del acuífero
Durante décadas, la discusión sobre el agua en la Comarca Lagunera se ha centrado en la sobreexplotación del acuífero principal, una fuente estratégica para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes y para buena parte de la actividad económica regional. Sin embargo, el debate ha dejado de ser únicamente ambiental o técnico para trasladarse al terreno jurídico y constitucional.
La reciente difusión de un oficio firmado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal abrió un nuevo capítulo en esta historia. Organizaciones civiles y especialistas en derecho ambiental sostienen que el documento busca modificar los alcances de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó proteger el acuífero lagunero, mientras que el propio texto del oficio plantea la necesidad de fijar criterios que permitan a la Comisión Nacional del Agua ejercer sus atribuciones administrativas.
El centro de la discusión no es menor. Se trata de definir cómo debe cumplirse una resolución judicial que, desde 2023, busca frenar la sobreexplotación de uno de los principales reservorios de agua subterránea del norte del país.
En marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el Amparo en Revisión 543/2022, estableciendo medidas encaminadas a garantizar la protección y preservación del acuífero principal de la Comarca Lagunera.
A partir de ese fallo se pusieron en marcha diversas acciones administrativas y técnicas. De acuerdo con el abogado ambientalista Luis Pedroza, integrante de Pro Defensa del Nazas, el cumplimiento de la sentencia ha permitido realizar programas de inspección sin precedente, adquirir equipos de medición en tiempo real y desarrollar mecanismos científicos para la administración del recurso hídrico.
"El riesgo es que le quiten a la sentencia los dientes que tiene", señala Pedroza.
Desde su perspectiva, los avances alcanzados dependen de la estructura jurídica que actualmente sostiene el cumplimiento de la resolución.
La controversia surgió a partir de un oficio fechado el 24 de marzo de 2026 y firmado por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, actuando en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento solicita a la Suprema Corte atraer un recurso relacionado con el cumplimiento del amparo y pronunciarse sobre diversos aspectos del procedimiento.
Entre los puntos destacados del oficio se encuentra la petición de delimitar los alcances de la ejecutoria emitida en el Amparo en Revisión 543/2022 y definir el alcance de su cumplimiento antes de resolver otros incidentes procesales. El documento argumenta que el estado actual del procedimiento ha impedido a la Comisión Nacional del Agua ejercer algunas de sus atribuciones administrativas relacionadas con las concesiones de agua.
Asimismo, el texto plantea que la Suprema Corte establezca criterios para que la actuación de la autoridad del agua no permanezca paralizada y solicita que el recurso de queja sea resuelto en el fondo.
Es precisamente en este punto donde aparece la controversia.
Para Luis Pedroza, el contenido del oficio representa un intento de modificar los alcances prácticos de una sentencia firme.
"Es una evidente violación a la independencia judicial", afirma.
Desde su óptica, el Ejecutivo Federal estaría planteando a la Suprema Corte no solamente atraer el asunto, sino definir cómo debe cumplirse una resolución que ya adquirió firmeza jurídica.
El boletín difundido por organizaciones civiles sostiene que esta actuación podría favorecer la reanudación de trámites relacionados con prórrogas de concesiones de agua y modificar medidas que actualmente forman parte del cumplimiento judicial.
Por otra parte, el propio oficio fundamenta su solicitud en la necesidad de preservar la coherencia del sistema jurídico y permitir que la autoridad hídrica ejerza sus atribuciones, considerando que el asunto tiene relevancia social y económica para la región lagunera.
Más allá del debate jurídico, el caso tiene implicaciones prácticas para la región.
Pedroza sostiene que las medidas adoptadas tras la sentencia han permitido fortalecer la vigilancia sobre el acuífero mediante miles de inspecciones, la adquisición de medidores telemétricos y el desarrollo de modelos científicos para la gestión del agua.
En su opinión, una redefinición de los alcances del cumplimiento podría limitar la continuidad de estas acciones.
"Todos estos avances se han logrado gracias a la estructura que actualmente tiene la sentencia", señala.
La propia documentación difundida indica que la Suprema Corte decidió atraer el asunto mediante el Recurso de Queja 11/2026, turnándolo para su estudio y eventual resolución.
La decisión que adopte el máximo tribunal no solamente tendrá efectos sobre un procedimiento judicial específico. También podría establecer criterios sobre la relación entre la administración pública y las resoluciones judiciales en materia ambiental, así como sobre los mecanismos para garantizar el derecho humano al agua en una de las regiones más presionadas por el estrés hídrico del país.
Para la Comarca Lagunera, el desenlace representa mucho más que un litigio entre autoridades y organizaciones civiles. Se trata de una discusión sobre el futuro de un acuífero del que depende buena parte de la vida económica, agrícola y urbana de la región.
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Creo necesario explicar de manera sencilla y clara el impacto que esto tiene para el futuro hídrico de la region, sobre todo como puede afectar la vida de los actuales y futuros residentes de la región. Somos todos pero principalmente los jóvenes los que tienen que defender ese futuro y parece que los mensajes no les están llegando o simplemente no les importa.