Por primera vez, un artículo que durante un cuarto de siglo respaldó la idea de que el glifosato —el herbicida más utilizado del mundo— no representaba riesgos graves para la salud humana, ha sido oficialmente retractado. La decisión abre un debate urgente: ¿qué ocurrió durante esos 25 años en los que se descartó cualquier vínculo con el cáncer? Y, sobre todo, ¿qué significa esto para regiones agrícolas como la Comarca Lagunera?
La revista Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció la retractación del estudio publicado en abril del año 2000, después de identificar conflictos de interés, participación no declarada de empleados de Monsanto —empresa creadora de Roundup— y omisiones de evidencia disponible que ya sugería riesgos cancerígenos.
Durante ese tiempo, y con ese artículo como uno de los argumentos centrales, gobiernos de diversos países avalaron el uso extendido del glifosato en millones de hectáreas. La premisa: el glifosato era seguro. Sin embargo, hoy se reconoce que la investigación que sostuvo esa idea careció de independencia científica.
La retractación llega en un contexto completamente distinto al del año 2000: En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó al glifosato como “probable carcinógeno”.
Existen demandas millonarias en tribunales de Estados Unidos por casos de cáncer vinculados a su uso.
Diversos países restringieron o prohibieron el herbicida.
La gran pregunta es: ¿qué se dejó de investigar, prevenir o informar durante estos 25 años en los que se aseguró que el glifosato era inocuo?
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El cáncer es hoy una de las principales causas de muerte en México. La incidencia nacional sigue en aumento, con cifras que preocupan particularmente en zonas agrícolas donde el uso de agroquímicos es frecuente y donde la exposición no solo es laboral, sino ambiental y doméstica.
Aunque no existen estadísticas públicas oficiales que relacionen directamente uso de glifosato y cáncer por regiones, la discusión se ha intensificado porque las zonas de mayor actividad agrícola coinciden con comunidades donde han crecido las alertas por casos de cáncer y enfermedades crónicas.
En ese mapa de regiones agrícolas relevantes se ubican:
El Bajío (Guanajuato, Jalisco): exportación intensiva de hortalizas.
Sinaloa: líder en granos y hortalizas.
Sonora y Chihuahua: uso extensivo de herbicidas en forrajes y nuez.
La Comarca Lagunera, donde el modelo agroindustrial transformó tierras, cultivos, agua y dinámicas sociales durante décadas.
En La Laguna —una región de producción lechera y agrícola— el glifosato ha sido parte central de los paquetes de control de maleza en forrajes como alfalfa, maíz y sorgo. Sin embargo, no existen mediciones públicas y continuas sobre cuánta cantidad de glifosato se usa por año.
No hay estudios epidemiológicos regionales de largo plazo que determinen vínculo entre exposición a herbicidas y cáncer.
La población estuvo expuesta durante años bajo la premisa científica de que el químico era seguro, una premisa que hoy se derrumba.
Este vacío de información coloca a la región en un riesgo: si no se mide, no se puede prevenir.
Con la retractación del estudio se abre una nueva etapa:
¿Debe México generar registros transparentes de consumo de agroquímicos por región?
¿Se necesitan estudios epidemiológicos en zonas como la Comarca Lagunera?
¿Cómo proteger la producción sin comprometer la salud de las comunidades agrícolas?
La retractación no señala culpables directos, pero expone algo profundo:
Durante 25 años en que se afirmó que el glifosato no causaba cáncer, la evidencia, los riesgos y las historias de las comunidades expuestas quedaron fuera de la conversación científica y política.
Hoy, esas preguntas vuelven —y ya no pueden esperar otros 25 años.
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