El intento de 29 concesionarios de aguas subterráneas por revertir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena medidas para proteger el acuífero principal de la Comarca Lagunera fue declarado improcedente por mayoría de votos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
La resolución se discutió este jueves 12 de marzo y fue respaldada por las magistradas María Isabel Cobos Lerma y María Guadalupe Carranza Galindo, quienes rechazaron el proyecto presentado por el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, que proponía dar entrada al recurso promovido por los concesionarios.
Los 29 solicitantes pretendían que se revocara la sentencia emitida por la Suprema Corte en el amparo 543/2022, argumentando que debieron haber sido llamados como terceros interesados durante el juicio.
Sin embargo, las magistradas concluyeron que ese argumento no justifica modificar una sentencia del máximo tribunal del país, especialmente cuando la resolución no ordena cancelar concesiones de agua, sino que instruye a las autoridades a implementar medidas para recuperar y proteger el acuífero lagunero.
“La sentencia que estamos analizando en ningún momento establece la cancelación de las concesiones de las personas que se están citando”, subrayó la magistrada Cobos Lerma durante la sesión.
Añadió además que el tribunal colegiado no tiene facultades para revisar o dejar sin efectos una decisión de la Suprema Corte.
La resolución de la SCJN ordena que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), diseñe y ejecute acciones de remediación para enfrentar el grave abatimiento del acuífero principal de la Comarca Lagunera, una de las reservas de agua subterránea más importantes del norte de México.
De ese acuífero dependen el abastecimiento de agua potable, el equilibrio ambiental y buena parte de la actividad económica regional.
El conflicto jurídico comenzó cuando en julio de 2024 un grupo de concesionarios promovió un recurso de revisión argumentando que la sentencia de la Suprema Corte afectaba indirectamente sus derechos.
Con base en ese planteamiento solicitaron reponer el procedimiento judicial para poder intervenir formalmente en el juicio y, eventualmente, revocar la resolución del máximo tribunal.
Durante la sesión, el magistrado Romero Bulnes defendió su proyecto señalando que, desde su perspectiva, los concesionarios no habían sido escuchados adecuadamente.
“Creo yo que se está afectando aún de manera indirecta los derechos de los terceros interesados”, sostuvo.
No obstante, sus argumentos no convencieron a la mayoría del tribunal, que determinó que la sentencia de la Suprema Corte debe mantenerse vigente.
La discusión generó gran expectativa en la región. Un día antes de la sesión, ciudadanos y organizaciones ambientales realizaron una manifestación frente al edificio del Poder Judicial Federal en Torreón. Además, colectivos y académicos reunieron más de dos mil firmas de respaldo para pedir que la sentencia se mantuviera firme. Entre las organizaciones que promovieron el amparo se encuentran:
Para estos grupos, el recurso promovido por los concesionarios carecía de fundamentos jurídicos para anular una sentencia destinada a proteger derechos humanos fundamentales, como el derecho al agua y a un medio ambiente sano.
Tras conocerse la resolución, las organizaciones civiles celebraron el fallo y señalaron que la decisión preserva una sentencia clave para la protección del acuífero lagunero. También reconocieron la independencia y el apego a derecho mostrado por las magistradas que votaron por mantener vigente la sentencia de la Suprema Corte.
Al mismo tiempo expresaron preocupación por el proyecto presentado por el magistrado Romero Bulnes, que buscaba dejar sin efectos la resolución del máximo tribunal: “manifestamos nuestra preocupación por la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, quien presentó un proyecto que proponía revocar la sentencia de la Suprema Corte.
Desde nuestra perspectiva, dicha propuesta resulta contraria al marco constitucional y legal aplicable. Consideramos especialmente preocupante que un proyecto de esta naturaleza buscara desconocer los efectos de una sentencia firme de la Suprema Corte, lo que habría implicado debilitar la protección judicial de un recurso estratégico para millones de personas en la región.
En consecuencia, acudiremos a los procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que se evalúe la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes conforme al marco institucional aplicable”, publicaron las organizaciones ambientalistas en un comunicado de prensa.
El Acuífero Principal de la Región Lagunera enfrenta desde hace décadas un grave proceso de sobreexplotación.
La extracción de agua para uso agrícola, urbano e industrial supera la capacidad natural de recarga del sistema, lo que ha provocado descensos continuos en los niveles del agua subterránea.
La sentencia de la Suprema Corte representa uno de los intentos más importantes desde el ámbito judicial para revertir esa tendencia.
La decisión del tribunal colegiado, al declarar improcedente el recurso de los concesionarios, mantiene en pie esa obligación para las autoridades federales.
Para organizaciones ambientales y académicos que han seguido el caso, el resultado del proceso judicial envía un mensaje claro: la protección del acuífero lagunero es una prioridad para garantizar el agua y el equilibrio ambiental de la región en el futuro.
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Está funcionando la Reforma Judicial, con eleccion libre y directa de los ciudadanos 👍
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