“Si no hay agua salada, ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional”: presidenta de México
La frase es de la presidenta Claudia Sheinbaum, pronunciada la mañana del jueves 6 de agosto de 2026 durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, después de escuchar a un comité de científicos que lleva casi tres meses analizando si México debería abrir la puerta al fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales de gas. La condición que puso es, en el fondo, la que define todo lo demás. Sin agua salada disponible en el subsuelo, y sin la certeza de que esa agua está desconectada de los acuíferos que hoy abastecen a la población, no hay proyecto posible.
El punto de partida del estudio es la dependencia energética del país. México consume actualmente 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural, según explicó ante la presidenta la geofísica Alma América Porres Luna, quien encabezó la presentación. El 58 por ciento de ese gas se usa para generar electricidad, y el 70 por ciento de la electricidad que se produce en México depende del gas natural.
El problema es de dónde viene ese gas. El 75 por ciento se importa de Estados Unidos, frente a apenas el 21 por ciento que se importaba en 2010. Y de lo que se importa, el 93 por ciento proviene de yacimientos no convencionales, roca de baja porosidad y baja permeabilidad de la que solo se puede extraer el gas mediante técnicas de fracturamiento hidráulico. México, en otras palabras, ya depende del fracking, aunque sea el que se practica del otro lado de la frontera.
Esa dependencia creciente fue la que llevó a la Presidencia a formar un comité de expertos, entre ellos especialistas en ingeniería petrolera e hidrogeología, con el encargo de evaluar si convenía producir ese mismo tipo de gas dentro del territorio nacional, y bajo qué condiciones.
El comité identificó un potencial de gas no convencional de 141.5 billones de pies cúbicos, distribuido en tres cuencas del país, Burgos, Tampico-Misantla y Sabinas-Burro-Picachos. De acuerdo con los datos presentados, es esta última, ubicada en los estados de Coahuila y Nuevo León, la que concentraría casi la mitad del volumen de gas estimado a nivel nacional, lo que la coloca en el centro de cualquier decisión futura sobre el tema.
El comité descartó de entrada la Cuenca Tampico-Misantla, que abarca Veracruz y el sur de Tamaulipas, por considerarla social y ambientalmente inviable para este tipo de explotación. En cambio, recomendó continuar evaluando la viabilidad en Sabinas-Burro-Picachos y en Burgos, en el noreste de Tamaulipas, sin que eso signifique, insistió la propia presidenta, que la producción esté autorizada.
El comité presentó diez conclusiones. Las primeras apuntan hacia otro lado, incorporar con más rapidez fuentes renovables de generación eléctrica, implementar programas de eficiencia energética, aumentar la producción de gas convencional que ya se extrae en México y eliminar la quema de gas asociado en los campos petroleros existentes. Solo después de agotar esas rutas, sugiere el comité, tendría sentido hablar de yacimientos no convencionales.
El resto de las conclusiones funciona más como una lista de condiciones que como una autorización. Antes de perforar un solo pozo de producción, el comité pide confirmar que existe agua salada suficiente en el subsuelo, a más de mil metros de profundidad, y comprobar que esa agua está hidráulicamente desconectada de los acuíferos someros que hoy sirven para consumo humano y riego agrícola. Pide también confirmar las reservas reales de gas mediante estudios y pozos exploratorios, no basarse únicamente en estimaciones preliminares. Y añade condiciones sociales y ambientales, consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad, incentivos a la proveeduría local, mejores prácticas en el manejo de subproductos bajo un modelo de economía circular, y un monitoreo científico externo e independiente que vigile la integridad de los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas de manera permanente.
El comité fue explícito en otro punto sensible, bajo ninguna circunstancia se debe usar agua dulce, superficial o subterránea, en el proceso de fracturamiento. Solo agua salada, ya recuperada y reciclada en al menos un 75 por ciento entre pozo y pozo. Es una condición técnica que, según los propios especialistas, todavía no está comprobada en las cuencas mexicanas con la certeza que se necesitaría para arrancar un proyecto de esta escala.
La presidenta anunció que el primer paso concreto será perforar, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pozos exploratorios diseñados exclusivamente para determinar si hay agua salada en el subsuelo de las cuencas recomendadas, y no para extraer gas. El resultado de esa exploración es, según sus propias palabras, la condición que decide todo lo demás. Si no aparece esa agua, o si aparece conectada a los mantos que hoy usan las comunidades de la región, la puerta se cierra ahí mismo.
El gobierno federal se comprometió a informar los avances cada dos meses o dos meses y medio en la conferencia matutina, y a publicar los estudios completos en páginas específicas de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Para Coahuila, y en particular para la región de Sabinas, la noticia no es todavía una decisión sobre el fracking. Es el inicio de una investigación que definirá, con datos de campo y no solo con estimaciones de gabinete, si esa posibilidad llega a existir.
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