Columna de Opinión

Uno de los principales problemas que enfrenta cualquier proyecto público o privado en nuestro país es la escasa confianza que existe hacia las instituciones. No es un fenómeno exclusivo de Durango ni de La Laguna, aunque aquí suele hacerse evidente cada vez que se anuncia una obra de infraestructura, una nueva empresa o una inversión de grandes dimensiones. Antes de conocer los detalles técnicos, una parte de la sociedad comienza a preguntarse qué intereses existen detrás, qué información no se está compartiendo y cuáles serán los costos que terminarán pagando las comunidades.

En los asuntos ambientales esa desconfianza parece todavía más profunda. Durante mucho tiempo se ha considerado que el desarrollo económico y la conservación del entorno pertenecen a mundos distintos y que, llegado el momento de tomar decisiones, el crecimiento industrial debe imponerse sobre cualquier otra consideración. No es extraño escuchar que las preocupaciones relacionadas con el agua, el suelo, la flora o la fauna ocupan un lugar secundario frente a la generación de empleos o la atracción de inversiones. Incluso quienes manifiestan inquietudes sobre estos temas suelen ser agrupados bajo el término de "ambientalistas", casi siempre acompañado de una carga peyorativa que poco ayuda a la discusión.

El caso de Fermachem ha vuelto a poner sobre la mesa esta forma de entender el desarrollo. Las manifestaciones realizadas el domingo 14 de junio de 2026 y las declaraciones posteriores de funcionarios estatales dejaron ver que existe una distancia importante entre quienes consideran que la inversión representa una oportunidad económica y quienes observan riesgos ambientales que merecen una revisión más amplia. Cuando el titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera en Durango Arturo Ortiz Galán calificó a los manifestantes como personas mal informadas y sostuvo que tampoco se permitirá que el medio ambiente impida el progreso y el futuro de la región, probablemente buscaba transmitir certidumbre sobre el proyecto, aunque sus palabras también reflejan una idea que durante muchos años ha acompañado las políticas de desarrollo: “tampoco vamos a dejar que el medio ambiente impida el progreso y el futuro de nuestra región; vamos a cuidar el medio ambiente tratándolo de una manera adecuada y responsable pero sin perder estas responsabilidades", declaró en la rueda de prensa después de la reunión convocada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) el lunes 15 de junio de 2026. 

El problema es que el medio ambiente y el progreso no son conceptos opuestos. De hecho, uno depende del otro. Sin disponibilidad de agua, sin suelos productivos y sin ecosistemas capaces de mantener los procesos naturales que sostienen la vida, cualquier modelo económico encuentra tarde o temprano sus propios límites. Resulta difícil imaginar el crecimiento de una región agrícola como la Comarca Lagunera sin recursos naturales suficientes para mantener esa actividad en el tiempo.

Hace algunas décadas comenzó a utilizarse el concepto de desarrollo sustentable precisamente para resolver este aparente conflicto. La idea consiste en encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental, entendiendo que ninguno de estos componentes puede sostenerse por sí solo. En la práctica, sin embargo, el aspecto ambiental suele quedar relegado a un segundo plano, quizá porque sus consecuencias no siempre son inmediatas y porque los beneficios económicos acostumbran presentarse con mayor rapidez.

La discusión sobre los fertilizantes ilustra bien esta situación. Existe una necesidad real de incrementar la producción de alimentos para atender a una población creciente y, en consecuencia, la demanda de estos productos forma parte de una cadena económica indispensable. Al mismo tiempo, también es cierto que diversos organismos internacionales y centros de investigación han documentado que ciertos modelos de agricultura intensiva contribuyen a procesos de degradación de los suelos, contaminación de cuerpos de agua y pérdida de biodiversidad. Reconocer una realidad no implica negar la otra.

Algo parecido ocurre cuando se habla de empleo y conservación ambiental. La región necesita oportunidades de trabajo y crecimiento económico, pero también necesita preservar los elementos naturales que forman parte de su patrimonio. Los mezquites que podrían ser retirados para abrir paso a un proyecto industrial, las ardillas, las lagartijas y otras especies que habitan estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas que pocas veces se consideran en el debate público. Su desaparición no representa únicamente una pérdida biológica, sino un indicador del deterioro gradual de nuestro entorno.

Es frecuente escuchar que la región ha convivido durante décadas con distintas actividades industriales y agrícolas y que, a pesar de ello, la vida continúa. La afirmación es cierta, aunque también lo es que La Laguna enfrenta problemas históricos relacionados con la calidad del agua, la disponibilidad del recurso hídrico, las altas temperaturas y diversos procesos de contaminación que han sido documentados por instituciones académicas y organismos especializados. El crecimiento económico y la protección ambiental no deberían verse como una elección obligada entre dos opciones incompatibles.

Las autoridades municipales, estatales y los representantes de Fermachem han sostenido que el proyecto cumplirá con las disposiciones legales aplicables y contará con medidas de seguridad suficientes para reducir los riesgos asociados a su operación. También han reconocido que toda actividad industrial genera impactos que deben ser administrados mediante controles técnicos y supervisión permanente. Esa información debe formar parte de la discusión pública.

Del mismo modo, los grupos que se oponen a la instalación de la planta tienen el derecho de expresar sus preocupaciones y solicitar mayores explicaciones sobre el proyecto. No es necesario vivir en Sapioris o en Lerdo para interesarse por lo que ocurra en ese lugar. Los sistemas ambientales no reconocen fronteras municipales ni estatales. El agua del Nazas forma parte de una misma cuenca compartida por miles de personas y la calidad del aire depende de procesos naturales que trascienden cualquier límite político. Lo que sucede en un punto de la región puede tener consecuencias en muchos otros.

La propia ciencia ha demostrado que los ecosistemas del planeta mantienen relaciones complejas entre sí. Fenómenos ocurridos a miles de kilómetros tienen capacidad para modificar procesos climáticos y ambientales en otras regiones. Bajo esa lógica, la preocupación por un proyecto determinado no debería interpretarse como una oposición automática al desarrollo económico, sino como el ejercicio de un derecho legítimo a participar en asuntos que pueden tener efectos colectivos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce tanto el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano como la libertad para dedicarse a actividades económicas lícitas. Ninguno de estos derechos puede entenderse de manera absoluta ni excluyente. La tarea de las instituciones consiste precisamente en armonizar intereses que en ocasiones parecen contradictorios y construir condiciones que permitan el desarrollo sin comprometer el patrimonio natural de las comunidades.

Quizá por ello resulte conveniente distinguir entre confrontación y debate. La confrontación suele reducir las diferencias a descalificaciones personales y sospechas sobre las motivaciones del otro. El debate, en cambio, parte del reconocimiento de que distintas posiciones pueden aportar elementos útiles para tomar mejores decisiones. En un contexto donde la confianza institucional enfrenta desafíos importantes, cerrar espacios de debate difícilmente contribuirá a fortalecer la legitimidad de cualquier proyecto.

Más allá de la resolución que tenga el caso Fermachem, la región tiene frente a sí una oportunidad para mejorar la forma en que aborda este tipo de asuntos. Sería conveniente establecer mesas permanentes de diálogo en las que participen autoridades, empresa, universidades y organizaciones sociales, impulsar talleres de información abiertos a la ciudadanía, facilitar el acceso a los estudios técnicos y crear mecanismos de seguimiento independientes que permitan conocer el comportamiento ambiental de los proyectos durante todas sus etapas.

Estas acciones no deberían entenderse como concesiones a uno u otro grupo, sino como instrumentos que fortalecen la transparencia y generan mejores condiciones para la toma de decisiones. La descalificación rara vez resuelve los desacuerdos, mientras que la información y el diálogo suelen contribuir a reducir la incertidumbre.

Tal vez el mayor aprendizaje que deja esta discusión sea que una sociedad interesada en debatir su futuro, es una sociedad que sigue participando en los asuntos públicos. La región necesita inversiones, necesita empleos y necesita aprovechar sus oportunidades de crecimiento, pero también requiere conservar los recursos naturales que sostienen su calidad de vida. Encontrar ese equilibrio no será sencillo, aunque difícilmente podrá alcanzarse si se abandona el debate y se sustituye por la confrontación. En una comunidad tan estrechamente vinculada por el agua, el territorio y la historia, la búsqueda de acuerdos sigue siendo el camino más razonable para construir un desarrollo que beneficie al mayor número posible de personas sin perder de vista el entorno del que todos dependemos.

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