Por Héctor Esparza
La imagen habría parecido improbable apenas unos años antes.
Andrés Manuel López Obrador, el presidente que construyó buena parte de su carrera política denunciando la influencia de los grandes grupos empresariales sobre las decisiones públicas, reconocía públicamente a Eduardo Tricio Haro como un aliado fundamental para sacar adelante el proyecto Agua Saludable para La Laguna. Sentados en el mismo presídium, ambos hablaban de colaboración, de responsabilidad social y de la necesidad de garantizar agua de calidad para más de un millón y medio de habitantes de la región. La escena podría interpretarse como una muestra de madurez política o como un ejemplo de cooperación entre gobierno e iniciativa privada. Sin embargo, vista desde la historia reciente de La Laguna, también puede leerse de otra manera.
Porque antes de convertirse en interlocutor privilegiado del gobierno de Morena, Eduardo Tricio había sido identificado durante años con algunos de los grupos empresariales más influyentes del país, los mismos que observaron con preocupación el ascenso político de López Obrador y que participaron activamente en la resistencia a su llegada al poder. Su nombre apareció vinculado a la élite empresarial que acompañó campañas de oposición al proyecto obradorista y que encontró en la narrativa de “Un peligro para México” una herramienta política para frenar a quien hoy es recordado como el principal impulsor de Agua Saludable para La Laguna.
La fotografía de ambos personajes juntos no es importante por sí misma. Lo verdaderamente relevante es lo que representa. Muestra cómo ciertos actores económicos logran conservar capacidad de influencia sin importar quién gane las elecciones, quién ocupe la Presidencia o cuál sea la ideología que proclame el gobierno en turno. La historia de Eduardo Tricio Haro no es únicamente la historia de una empresa exitosa nacida en la Comarca Lagunera. Es también la historia de una relación constante con el poder político mexicano, una relación que atraviesa los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena mientras el tema del agua se convierte en el hilo conductor de una discusión que sigue abierta.
Para comprender esa historia es necesario regresar al año 2000. Vicente Fox llegaba a la Presidencia de la República con la promesa de terminar con las viejas prácticas del régimen priista y abrir una nueva etapa en la vida pública nacional. Entre los nombramientos realizados durante los primeros meses de su administración apareció uno que con el paso del tiempo adquiriría una relevancia especial para La Laguna. Cristóbal Jaime Jáquez fue designado director general de la Comisión Nacional del Agua. Antes de ocupar ese cargo había sido director general de Grupo Lala y conocía de primera mano la dinámica productiva de la principal cuenca lechera del país.
Durante el sexenio foxista y los primeros años del gobierno de Felipe Calderón ocurrió un fenómeno que hoy resulta imposible ignorar. De acuerdo con investigaciones periodísticas basadas en registros oficiales de Conagua, 127 de las 165 concesiones asociadas a integrantes de la familia Tricio fueron otorgadas entre 1999 y 2008. Solamente entre los años 2000 y 2006 fueron autorizadas 69 concesiones, mientras que otras 43 se incorporaron durante los primeros años del siguiente gobierno panista.
Por supuesto, la existencia de concesiones no constituye una irregularidad en sí misma. El Estado mexicano tiene facultades para otorgarlas y los particulares tienen derecho a solicitarlas. Lo que ha generado debate durante años es la velocidad con que avanzó esa concentración mientras los indicadores hidrológicos mostraban señales de deterioro cada vez más evidentes. A medida que descendían los niveles de los acuíferos y aumentaban las preocupaciones por la presencia de arsénico en el agua de consumo humano, el modelo productivo siguió demandando enormes cantidades de agua para sostener la producción de alfalfa y alimentar uno de los complejos lecheros más importantes de América Latina.
La presión sobre los recursos hídricos terminó empujando la frontera agrícola más allá de los límites tradicionales de la Comarca Lagunera. Fue entonces cuando el Valle del Hundido comenzó a aparecer en el radar de los grandes productores. Lo que para algunos representaba una oportunidad de expansión agrícola, para investigadores y ambientalistas significaba una amenaza potencial para uno de los ecosistemas más extraordinarios del continente. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI se multiplicaron las advertencias sobre la conexión hidrológica entre los valles agrícolas cercanos y el sistema de humedales de Cuatro Ciénegas. Diversos estudios científicos documentaron la disminución de niveles en cuerpos de agua emblemáticos y señalaron la coincidencia temporal entre la apertura de nuevos pozos agrícolas y el deterioro de espacios tan valiosos como Churince.
La desaparición de esa laguna se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la discusión ambiental en el norte de México. Lo que durante miles de años funcionó como refugio de especies únicas y como laboratorio natural para investigadores de todo el mundo terminó convertido en una extensión seca donde antes existía uno de los sistemas acuáticos más importantes del país. La ciencia continúa debatiendo la magnitud exacta de cada factor involucrado, pero existe consenso en que la extracción intensiva de agua en los valles circundantes formó parte de una presión acumulativa que alteró profundamente el equilibrio ecológico de la región.
Mientras todo eso ocurría, los gobiernos seguían cambiando.
Felipe Calderón sucedió a Fox. Enrique Peña Nieto regresó al PRI a la Presidencia. Después llegó López Obrador prometiendo una transformación de fondo. Sin embargo, la capacidad de interlocución de Eduardo Tricio permaneció prácticamente intacta. Lejos de perder influencia con cada alternancia, el empresario lagunero parecía adaptarse a los nuevos tiempos políticos conservando una posición privilegiada dentro de las conversaciones más importantes relacionadas con el agua, la producción agropecuaria y el desarrollo regional.
La mejor demostración de ello llegó con Agua Saludable para La Laguna. El proyecto nació como una respuesta a una realidad innegable. Durante décadas, cientos de miles de habitantes de la región consumieron agua extraída de acuíferos afectados por concentraciones elevadas de arsénico. La solución planteada por el gobierno federal consistía en sustituir progresivamente esa fuente de abastecimiento por agua superficial proveniente del río Nazas. El objetivo era legítimo y necesario. Lo que comenzó a generar controversia fue la forma en que evolucionó el proyecto.
Cuando fue presentado públicamente, el costo estimado rondaba los nueve mil millones de pesos. Con el paso de los años la cifra comenzó a crecer hasta superar los dieciséis mil millones al momento de la inauguración parcial realizada en diciembre de 2023 y posteriormente alcanzar alrededor de dieciocho mil seiscientos millones de pesos. En términos prácticos, el proyecto terminó costando más del doble de lo anunciado originalmente. Las auditorías federales identificaron observaciones, pagos que requerían aclaración y modificaciones presupuestales que alimentaron el debate sobre la administración de la obra.
El momento político tampoco pasó desapercibido. La inauguración de la primera etapa ocurrió apenas unos meses antes de la elección presidencial de 2024, cuando la continuidad del proyecto político encabezado por López Obrador se encontraba en juego. Agua Saludable se convirtió en una de las obras insignia exhibidas por el gobierno federal en el cierre del sexenio y, al mismo tiempo, en una de las intervenciones públicas más importantes realizadas en la historia reciente de la Comarca Lagunera.
Sin embargo, detrás de la discusión sobre ductos, plantas potabilizadoras e inversiones multimillonarias persistía una pregunta. Si el problema estructural estaba relacionado con la sobreexplotación del acuífero, ¿por qué la conversación pública se concentró casi exclusivamente en la infraestructura y no en la distribución de las concesiones? Si durante años el discurso oficial reconoció la presión que enfrentaban los recursos subterráneos, ¿por qué la discusión sobre los grandes volúmenes autorizados quedó prácticamente fuera de la agenda pública?
Es precisamente ahí donde la figura de Eduardo Tricio adquiere relevancia. No porque sea el único actor involucrado en la historia del agua lagunera, ni porque todos los problemas de la región puedan explicarse a partir de una sola persona, sino porque su trayectoria permite observar un fenómeno más amplio. A través de ella es posible seguir la ruta de un poder económico capaz de dialogar con gobiernos ideológicamente opuestos, influir en decisiones estratégicas y mantenerse vigente mientras cambian presidentes, gobernadores, legisladores y funcionarios.
La verdadera historia no es la de un empresario que logró acercarse a distintos gobiernos. La historia es la de un país donde los recursos naturales más valiosos siguen siendo administrados dentro de una compleja red de relaciones entre poder económico y poder político. Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum representan proyectos distintos en el papel. Sin embargo, cuando se observa la trayectoria de los grandes usuarios del agua en la Comarca Lagunera, las diferencias parecen mucho menos profundas de lo que sugieren los discursos de campaña.
Quizá por eso el episodio más reciente alrededor del amparo en revisión 543/2022 resulta tan revelador. En marzo de 2023, la Suprema Corte reconoció que la sobreexplotación del Acuífero Principal de la Región Lagunera no era producto de la casualidad, sino también de omisiones institucionales acumuladas durante años, y ordenó a las autoridades federales adoptar medidas para garantizar su preservación y sustentabilidad. La sentencia representó un hecho inédito porque colocó en el centro del debate el derecho humano al agua y la obligación del Estado de proteger un recurso estratégico para más de un millón y medio de habitantes de la región.
En ese contexto, no deja de llamar la atención la controversia generada por el oficio remitido desde la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal a la Suprema Corte, mediante el cual se planteó una revisión sobre los alcances de esa resolución judicial. Organizaciones ciudadanas y ambientales han interpretado esa actuación como un intento de modificar una sentencia que podría tener implicaciones para algunos de los mayores concesionarios de agua de la región, mientras que otros actores sostienen que se trata de una discusión estrictamente jurídica sobre la forma de cumplir la ejecutoria.
Sea cual sea la interpretación correcta, el hecho vuelve a colocar sobre la mesa el cuestionamiento que atraviesa este relato. ¿Cómo es posible que una misma red de intereses económicos aparezca, una y otra vez, en momentos clave de la historia hídrica de La Laguna, desde los años en que se multiplicaron las concesiones durante los gobiernos panistas, pasando por la expansión agrícola hacia zonas ambientalmente sensibles como el Valle del Hundido, hasta llegar a los acuerdos políticos que hicieron posible Agua Saludable para La Laguna y a los debates judiciales que hoy rodean la sentencia más importante emitida en defensa del acuífero regional?
Y quizá por eso la imagen más reciente resulte tan simbólica.
En noviembre de 2024, durante la presentación del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y del nuevo Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Tricio volvió a ocupar un lugar entre los invitados destacados del evento. La mandataria reconoció públicamente la participación de empresarios que se sumaron al acuerdo nacional en materia de agua y destacó a Tricio como uno de los primeros en devolver concesiones que no estaban siendo utilizadas. La fotografía de aquella jornada muestra a gobernadores, funcionarios federales, académicos, usuarios agrícolas y representantes empresariales reunidos alrededor de una estrategia nacional para enfrentar la crisis hídrica que vive el país.
Sin embargo, observada desde la perspectiva de la historia lagunera, la imagen permite una lectura adicional. Ahí aparece nuevamente Eduardo Tricio, el empresario cuyo nombre puede encontrarse en distintos momentos clave de la política hídrica nacional durante más de dos décadas. Aparece después de los años en que Cristóbal Jaime Jáquez pasó de la dirección de Lala a la Conagua; después de la etapa en que se multiplicaron las concesiones de agua en la región; después de la expansión agrícola hacia zonas ambientalmente sensibles como el Valle del Hundido; después de la confrontación política que acompañó la campaña de "Un peligro para México"; y después de convertirse en un actor indispensable para concretar Agua Saludable para La Laguna.
Quizá esa sea la fotografía que mejor resume esta historia. No la de un empresario sentado junto a una presidenta, sino la de una influencia que ha logrado mantenerse vigente mientras se suceden gobiernos panistas, priistas y morenistas. Porque los presidentes cambian, los partidos se alternan y los discursos se transforman, pero el agua sigue siendo el recurso estratégico alrededor del cual gravitan algunas de las relaciones de poder más duraderas del país. Y cuando se observa con detenimiento esa última fotografía, resulta inevitable preguntarse si la persistencia de ciertos actores en el centro de las decisiones hídricas nacionales es una coincidencia o una muestra de cómo funciona realmente el poder en México.
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