La desinformación se ha convertido en uno de los principales riesgos para el periodismo ambiental en México, especialmente en un contexto donde el cambio climático, los megaproyectos extractivos y la disputa por recursos como el agua se intensifican en distintos territorios.
Tania Cobos
La desinformación ha cobrado la vida de personas, bosques, criaturas en cada ecosistema, entre otros. Mientras las afectaciones ambientales aumentan, también lo hacen los esfuerzos por confundir, manipular o desacreditar la información que debería ayudar a la ciudadanía a comprender la magnitud de la crisis ecológica que atravesamos.
En los últimos años, periodistas, investigadoras e instituciones dedicadas a la comunicación ambiental han advertido que las desinformación, con narrativas falsas o distorsionadas, operan en distintos frentes: desde la negación del cambio climático por parte de actores políticos y empresariales, hasta campañas de desprestigio en redes sociales que buscan desacreditar el trabajo periodístico. Esta combinación hace más difícil acceder a datos confiables y limita la capacidad de las comunidades para tomar decisiones informadas frente a proyectos que pueden impactar profundamente su entorno.
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Durante el reciente Diálogo Climático “Contra la Corriente: Periodismo ambiental frente a la desinformación”, especialistas y periodistas de diversas regiones del país coincidieron en que la desinformación no solo nubla el debate público, sino que tiene efectos directos sobre la vida de las personas. La falta de información verificada, precisa y contextualizada puede retrasar acciones urgentes frente a la crisis climática, dividir a las comunidades y debilitar la confianza en los medios. En estos escenarios, la confusión informativa se convierte en un obstáculo para exigir políticas públicas responsables y evaluar adecuadamente los riesgos socioambientales.
Julia Manske, directora de W Academie, destacó que en México y Centroamérica el tema ambiental es especialmente vulnerable porque converge con intereses económicos y políticos muy fuertes. Señaló que la desinformación se alimenta tanto de discursos oficiales que minimizan impactos ambientales como de rumores locales que surgen ante megaproyectos, desastres naturales o intervenciones gubernamentales. Esto genera un caldo de cultivo donde es fácil sembrar dudas, manipular datos o tergiversar la información para favorecer ciertos intereses.
Los testimonios de periodistas que cubren temas como minería, crisis del agua, pesca, tala ilegal o deforestación coinciden en un punto: su trabajo se enfrenta de manera constante a la presión de industrias, autoridades y grupos que buscan moldear la opinión pública a su favor. Esta presión se expresa en campañas de relaciones públicas que suavizan el daño ambiental, en declaraciones oficiales que contradicen evidencia científica o en narrativas falsas que circulan masivamente en redes sociales. En muchos casos, estas estrategias no solo desinforman, sino que además buscan desacreditar y atacar directamente a quienes investigan y documentan los impactos reales en los territorios.
Un ejemplo contundente lo dio Carmina de la Luz, fact-checker en Pictoline y guionista del programa Reporte Climático, quien compartió la metodología que utilizó para elaborar el reportaje “Desinformación sobre Cambio Climático: el caso de la transición energética en México”. La periodista explicó que junto con su equipo analizaron 333 textos periodísticos publicados sobre transición energética, y encontraron desinformación en todos. Los contenidos incluían afirmaciones falsas, datos incompletos, información manipulada o narrativas diseñadas para confundir. Según su análisis, el principal actor que genera desinformación en este tema es el gobierno federal, particularmente en la manera en que comunica políticas relacionadas con energías limpias y proyectos de infraestructura.
Este hallazgo revela algo preocupante: la desinformación no proviene únicamente de actores externos a las instituciones, sino que muchas veces se origina desde el propio aparato gubernamental, dificultando el acceso a información veraz y entorpeciendo la vigilancia ciudadana. Cuando las fuentes oficiales son difusas, contradictorias o tendenciosas, se vuelve aún más difícil para periodistas y comunidades entender el impacto real de los proyectos que se implementan en sus regiones.
En este contexto, la batalla contra la desinformación se vuelve un reto multidimensional. No solo implica desmentir lo falso, sino también fortalecer las capacidades para generar información clara, verificable y útil para la población. Por eso, en el diálogo climático, las y los periodistas insistieron en la necesidad de construir redes de colaboración que permitan enfrentar la confusión informativa desde diferentes frentes. Propusieron alianzas transnacionales para compartir metodologías de verificación, plataformas para centralizar datos confiables y narrativas colaborativas que acerquen información ambiental de forma comprensible y sensible a las realidades locales.
Carmina de la Luz subrayó que el trabajo con datos confiables debe ir acompañado de rigor narrativo y cercanía con las comunidades. Esta combinación permite no solo desmentir lo falso, sino también construir historias que reflejen la realidad del territorio y que puedan contrarrestar las versiones manipuladas que buscan confundir o dividir. También enfatizó que las y los periodistas ambientales deben mantenerse en constante actualización, aprendiendo nuevas herramientas para analizar tendencias en redes sociales, rastrear fuentes dudosas o identificar patrones de desinformación que se repiten en distintos contextos.
Frente a este panorama, queda claro que la desinformación representa una amenaza real para el periodismo ambiental, pero también para la democracia, la justicia social y la protección de los ecosistemas. Cuando la sociedad recibe información distorsionada o engañosa, pierde la posibilidad de participar de manera informada en decisiones que afectan su entorno y su futuro. Es por eso que los medios, las organizaciones civiles, las comunidades científicas y las propias comunidades tienen un papel fundamental en la defensa del derecho a la información ambiental.
Combatir la desinformación no es solo corregir lo que está mal, sino garantizar que la gente tenga acceso a información veraz, accesible y contextualizada, un derecho en México y el mundo. En un país donde los impactos del cambio climático y los megaproyectos están transformando territorios enteros, la claridad informativa es una herramienta imprescindible para proteger la vida, la salud, los recursos naturales y las culturas que dependen de ellos.
En Voces Nómadas, reconocemos que el periodismo ambiental es una pieza clave para hacer visible lo que muchas veces se intenta ocultar. Por eso, es urgente fortalecer las narrativas basadas en evidencia, apoyar a las y los periodistas que investigan en condiciones adversas y exigir transparencia a todas las instituciones que afectan el equilibrio ecológico del país. Solo así podremos construir un debate público honesto y garantizar que la información sea un puente hacia soluciones reales, y no un arma para confundir o dividir.
Entre los ecosistemas más valiosos del planeta, los arrecifes de coral son de los más importantes, ayudando a especies marinas y al ser humano mismo para asegurar su supervivencia en la tierra. Hoy, los estamos perdiendo.
Tania Cobos
Los arrecifes de coral son una riqueza para las criaturas marinas y el ser humano. Estos ecosistemas funcionan como fortaleza y hogar para colonias de peces, crustáceos, moluscos, entre otros, así como desempeñan un papel importante al amortiguar tormentas en las costas. Para el ser humano, son sitios idóneos para la pesca, ofreciendo alimento y la oportunidad de acceder a numerosos compuestos para el desarrollo de fármacos. Además de que su paisaje es un atractivo turístico, impulsando esta economía en las playas de México y el mundo.
Lamentablemente, los arrecifes de coral están sufriendo un proceso de extinción que lentamente cobrará las vidas de organismos y cambiará la realidad del ser humano por completo. Claro, de no detenerse. Según un estudio en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre Arrecifes de coral y cambio climático: una relación fracturada (agosto-octubre, 2025), el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación y el desarrollo costero son algunas de las causas de muerte de significativas extensiones de arrecifes de coral, provocando un desequilibrio ecológico con impactos tanto dentro como fuera de las profundidades marinas.
Los arrecifes de coral son una serie de diminutos organismos con tentáculos que crean estructuras de carbonato de calcio, estos forman simbiosis con algas microscópicas de nombre zooxantelas. Así, viviendo en conjunto, las algas se quedan dentro del coral, lo alimentan y realizan fotosíntesis. Gracias a esta danza invisible para el ser humano, el coral se nutre y tiene su característico color. Sin estos organismos y su trabajo, no se podría ayudar a millones de especies marinas y al ser humano, que se beneficia de estos ecosistemas para comer, mejorar su salud y hasta impulsar la economía turística.
Los arrecifes de coral han presentado daños específicos debido al cambio climático, principalmente por el aumento de calor debido a la actividad humana en diferentes industrias. La quema del combustible fósil como el carbón, el petróleo y el gas natural, son actividades que aumentan la temperatura, y a través del efecto de invernadero se cambian drásticamente las condiciones ambientales de los arrecifes de coral, ocasionando su blanqueamiento, que es una señal de su debilitamiento y, por consiguiente, síntoma de su lento deceso.
Adicionalmente, los arrecifes de coral son gravemente dañados por una serie de efectos en cadena de este violento cambio climático. La acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, la presencia de huracanes más fuertes, así como ondas de calor prolongadas, arremeten contra ellos en estados de intensa debilidad, destruyendo porcentajes de ecosistemas coralinos. Tan solo desde el 2009, la tierra perdió 14% de los arrecifes de coral a nivel global, esto según el informe "Estado de los arrecifes de coral del mundo: 2020".
Sin arrecifes de coral solo se puede esperar una cosa: colapso total. Se perderían las colonias de especies marinas, lo que impactaría en la alimentación humana y marina, sin mencionar en la economía pesquera. Adicionalmente, los arrecifes de coral reducen los nutrientes que hacen prosperar las algas marinas, mismas que en poblaciones numerosas afectan la composición de los ecosistemas.
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Sobre otros impactos, los arrecifes de coral ayudan a la regulación climática, siendo un gran aliado en la absorción de dióxido de carbono, pero en exceso es catastrófico para su capacidad. Adicionalmente, recuerda que son grandes fortalezas para el amortiguamiento de tormentas en las costas, sin ellos, nuestras barreras protectoras desaparecerían y tendríamos violentos golpes durante las tormentas.
A pesar de todo, hay esperanza para los arrecifes de coral. Entre lo que sugieren los científicos y se menciona dentro del artículo en la revista de la UNAM, lo primero es entender qué funciones cumplen y por qué son tan importantes. Luego, hay que reforzar las medidas para enfrentar el cambio climático y, al mismo tiempo, atender los problemas locales que los dañan, como la contaminación y el crecimiento desordenado en las costas.
También, para salvar los arrecifes de coral es clave reducir los nutrientes que llegan al mar y que hacen que las algas crezcan de más, regular la pesca para no afectar a especies esenciales y permitir que los procesos naturales del arrecife, como su reproducción y renovación, sigan funcionando. A esto se suma apoyar a las comunidades costeras, promover un turismo responsable y fortalecer las leyes que protegen estos ecosistemas.
Los científicos están trabajando en conjunto con otras profesiones para ayudar a los arrecifes de coral pero también como ciudadanos podemos ayudar. Desde tu ciudad o región, infórmate sobre cómo disminuir el calentamiento global, motiva políticas públicas e infórmate sobre lo que puedes hacer al vacacionar en las playas de tu país. Desde tu lugar de nacimiento estarás ayudando a salvar los arrecifes de coral, en un mundo tan conectado como hoy, es posible.
La Comarca Lagunera es la región donde más superficie se hunde debido a la sobreexplotación del acuífero: cerca de 3 mil kilómetros cuadrados registran hundimientos con una velocidad que va desde un centímetro, hasta los 14 centímetros cada año; estos son los primeros resultados de los trabajos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelados durante estos días.
El doctor Enrique Cabral Cano y el maestro Daniel Hernández Luna cumplen siete años registrando el comportamiento del subsuelo de la Comarca Lagunera el cual, debido a la excesiva extracción de agua del acuífero, se está asentando. Estos hundimientos lo que provocarán es la compactación del acuífero de tal forma que, de llegar a tenerse una recarga, ésta disminuiría.
A este fenómeno se le conoce como subsidencia, que se define como “la disminución progresiva causada a partir de la extracción de sólidos, líquidos o gases del subsuelo”; ocurre de manera lenta y gradual en una escala grande de tiempo que puede ir de meses a años y afecta por igual a zonas urbanas y agrícolas.
La Comarca Lagunera es una zona metropolitana donde confluyen municipios de Coahuila y Durango, las ciudades más representativas son Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro, con cerca de un millón y medio de habitantes. Aquí se asienta la principal cuenca lechera del país y es la única en el norte de México que cuenta con dos ríos, el Nazas y el Aguanaval.
El agua de ambos ríos está destinada por completo a la agricultura, enfocada principalmente al cultivo de forrajes como la alfalfa y el maíz; asimismo se extraen del subsuelo más de mil millones de metros cúbicos para el mismo propósito, y solo se tiene una recarga inferior a los 500 millones de metros cúbicos, es decir, hay un déficit que se ha mantenido por décadas.
Esta sobreexplotación del acuífero está provocando el fenómeno de subsidencia registrado por los expertos de la UNAM.
El dato que más alerta es la superficie de hundimiento, el área de la Comarca Lagunera es la mayor del país que manifiesta este comportamiento: 2 mil 940 kilómetros cuadrados están colapsando: “La huella de subsidencia en La Laguna es la mayor del país (urbano y agrícola) y supera la del Valle de México que tiene 670 Kilómetros cuadrados de subsidencia”, señala Hernández Luna.
La zona que registra mayor velocidad de hundimiento es hacia el noreste y este de la comarca, principalmente en las áreas de cultivo, esto debido a que hay más concentración de pozos y mayor volumen de agua extraído.
Enrique Cabral Cano es investigador del Instituto de Geofísica y responsable del laboratorio de cartografía digital, en tanto Daniel Hernández Luna es integrante del departamento de servicio geodésico de la Universidad Nacional Autónoma de México; los expertos, junto con Enrique Antonio Fernández Torres, investigador de Ciencias de la Tierra, desarrollan este trabajo no solo en La Laguna, sino en el resto del país, por ello pueden determinar que el caso de esta región es el más representativo.
De acuerdo a Fernández Torres “La creciente necesidad de recursos hídricos en las zonas urbanas y las intensas sequías han obligado a una extracción más agresiva de aguas subterráneas, lo que ha provocado que numerosas zonas urbanas sufran hundimiento (…). Sin embargo, no existe una evaluación de las zonas urbanas a nivel nacional, población y hogares expuestos a este proceso”.
Utilizando tecnología satelital han podido acumular los datos que revelan en diversos artículos científicos, y esperan que esta información sea divulgada para sensibilizar a los funcionarios de gobiernos, empresarios, académicos y población, sobre la urgencia de aplicar medidas que contengan el fenómeno de subsidencia.
Porque además de que los acuíferos colapsarán y las recargas disminuirían con este asentamiento, también hay un daño a la infraestructura urbana que volvería inviable la subsistencia de las ciudades.
La velocidad máxima de hundimiento en la Comarca Lagunera es de 13.5 centímetros cada año, afecta a los municipios que conforman a la zona metropolitana de La Laguna. “La huella de subsidencia tiene un área de 2,940 kilómetros cuadrados. Afecta el área urbana de La Laguna y la zona rural de los municipios de Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo en Durango y Viesca, Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Parras, Matamoros en Coahuila”, revela el estudio de Daniel Hernández Luna.
En cuanto al análisis por municipio, resulta que el 60 por ciento del territorio de Gómez Palacio se está hundiendo, y en Matamoros es el 65 por ciento de su superficie.
Torreón y Viesca presentan el 20 por ciento de su superficie con registro de subsidencia; Francisco I. Madero está un poco por debajo al igual que Tlahualilo. En esta medición los municipios de Mapimí, Lerdo y Parras de la Fuente, son los que menos superficie hundida tienen; aunque el problema radica en que esta superficie de subsidencia se encuentra en regiones habitadas: “El área urbana de los municipios Lerdo, Gómez Palacio en Durango y Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero en Coahuila, son los más afectados al fenómeno de la subsidencia, con el 62.5%”.
Además, por el tamaño del área afectada, se calcula que el 58 por ciento de los habitantes en La Laguna se halla en alta y muy alta vulnerabilidad. “La población en vulnerabilidad alta y muy alta se encuentra en los municipios de Gómez Palacio con el 70% y Matamoros con 76%”, revela el análisis de Hernández Luna.
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La Comarca Lagunera es también la única región que tiene dos ríos, el Nazas y Aguanaval, que desembocaban en lagunas internas, pero al contenerlos en presas se impidió la recarga del acuífero. Con la excesiva extracción de agua los huecos que quedan van colapsando, y aunque no es posible prever dónde podría ocurrir un hundimiento repentino, sí pueden considerarse las zonas donde hay más pozos, las susceptibles de estos colapsos.
Los estudios de los investigadores continuarán y agregarán más variables para contrastar y confirmar sus hallazgos.
De forma suspicaz la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza inspecciones de aprovechamientos subterráneos que poco inciden en el abatimiento acelerado del acuífero y, por el contrario, supervisa aquellos pozos alejados de la zona donde la explotación del agua subterránea es más intensa.
Y con ello, aparenta cumplir con la exigencia impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto a la Secretaría del Medio Ambiente como a la propia Conagua, para realizar acciones enfocadas en frenar el abatimiento del acuífero de la Comarca Lagunera.
Esto se deduce a partir del informe que la Conagua entregó a la organización Pro Defensa del Nazas y que se hizo público al comienzo de julio, en el cual indica que derivado del programa de inspección 2023, que ya concluyó, llevó a cabo 214 visitas de las que derivó en 76 clausuras de aprovechamientos; y que para este 2024, hasta abril, se llevaron a cabo 31 visitas y se clausuraron 14 aprovechamientos. Esta información se desprende de los oficios B00.802.04-0337 y 0614.
Ante este panorama entrevisté al abogado Luis Pedroza, uno de los ciudadanos que interpuso el recurso de amparo para exigir a las instituciones responsables que frenen la sobreexplotación del acuífero, en seguida sus respuestas.
En 2019 los abogados Brenda Aracely Armendáriz Olivares y Luis Eduardo Pedroza García, propusieron a las asociaciones no gubernamentales Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, Pro Defensa del Nazas y Encuentro Ciudadano Lagunero, la posibilidad de presentar un mecanismo de defensa, un procedimiento legal que tuviera como finalidad revertir el problema de sobreexplotación de la Comarca Lagunera.
Desde el punto de vista jurídico, existe el juicio amparo directo que se presentó en aquel año, el cual fue rechazado bajo el argumento de que los quejosos “no tenían afectaciones particulares”, se insistió hasta que se ordenó a un juez de distrito admitir esta demanda.
En 2021 otro juez negó el amparo nuevamente. “Seguimos la misma estrategia, solicitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, que lo conociera y nuevamente la Corte resolvió conocer del mismo en el 2023”, informó Pedroza García.
La Suprema Corte de Justicia reconoce el problema de la explotación de las aguas subterráneas del acuífero y ordenó a las autoridades responsables –Conagua y específicamente el organismo de Cuencas Centrales del Norte- que ejercieran acciones de política pública para revertir el problema de sobre explotación.
Esa sentencia se emitió en mayo del año pasado (2023), y desde entonces se le notificó al juez federal en la ciudad de Torreón esa sentencia y se le ordenó que iniciara con el cumplimiento de la misma.
-¿Y qué ha pasado? –le pregunto al abogado Luis Pedroza.
-Hemos avanzado en el procedimiento de cumplimiento de sentencia. Ahora nos toca estar vigilando y darle seguimiento a las acciones que van a realizar las autoridades responsables para cumplir con esa sentencia de la Suprema Corte.
-Habrá que decir que se tardó en responder la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. Incluso fueron sancionados.
-Ya sabíamos que iba a ser un procedimiento complicado, que lo ha sido y lo va a seguir siendo; nosotros analizamos los juicios que tienen similitudes al nuestro, son juicios de amparo que presentaron ciudadanos en contra de algún problema ambiental que lo resolvió la Corte prácticamente con los mismos alcances y pues llevan aproximadamente 4 o 5 años en procedimiento de cumplimiento de sentencia.
“Efectivamente se ha incumplido con el plazo, se han incumplido con las cosas que ha ordenado la Corte… en este año hemos logrado algunas cosas que nosotros consideramos importantes, que nunca se habían logrado en la forma de aplicar la política pública convencional a través de la sociedad civil organizada”.
-¿Qué logros podrías resaltar?
-Actualmente está suspendido jurídicamente el otorgamiento de prórrogas sobre concesiones del acuífero.
La supervisión aleatoria de Conagua
-La Conagua les dice que hicieron 214 visitas y se clausuraron 76 aprovechamientos, ¿qué tipo de aprovechamiento son? ¿Quiénes los estaban explotando? ¿Para qué se estaba utilizando el agua que se extraía de estas 76 clausuras? ¿Éstas representan el 100 por ciento de los aprovechamientos que estaban trabajando de manera ilegal?
-En los programas de visitas que ha implementado el organismo de Cuenca para cumplir con la sentencia, no se ha definido el uso específico del agua; y las visitas las están haciendo aleatorias. Han inspeccionado desde el usuario industrial, la mayoría son de uso agrícola, etcétera, pero no está delimitado un uso específico.
“Nosotros tenemos acceso a todas las actas de inspecciones en las que se verificaron estos aprovechamientos y las clausuras correspondientes, y hemos hecho el análisis y es un programa aleatorio, y los usos, las irregularidades y los motivos de clausura, pues también son diversos. Van desde que algunos aprovechamientos no tenían medidores, lo que evidentemente sabemos que ha sido uno de los grandes problemas”.
-Esta forma de inspeccionar al azar, me parece sospechosa, porque ¿qué tanto se está supervisando los pozos en zonas con acelerada explotación?
-Nosotros consideramos que se debe dar prioridad a las zonas de extracción intensiva, las cuales tiene plenamente identificadas la Comisión Nacional del Agua y es en donde tenemos un nivel de abatimiento mucho mayor a otras zonas.
-¿Esta supervisión aleatoria la está haciendo la Conagua para evadir estos puntos críticos que mencionas?
-Fíjate que lo justificó ante el juez de distrito, señalando que es la forma en la que trabajan, de cómo es que se va decidiendo qué aprovechamiento se va a inspeccionar y según lo manifestado por la autoridad es aleatorio, o sea, no hay un motivo particular.
-¿Qué piensas tú de esa justificación?
-Nosotros consideramos que en este momento se debe dar prioridad a la supervisión de pozos en la zona donde se encuentra el mayor abatimiento, en las zonas de extracción intensiva como así las denomina la Comisión Nacional del Agua.
“La Conagua las tiene plenamente identificadas, tiene plenamente identificado cuál es el nivel de abatimiento promedio, que es de 3 metros anual; sabe cuáles son de 2 metros de abatimiento etcétera. Entonces consideramos que son las zonas en las que debería prestar especial atención la Comisión Nacional del Agua y realizar las visitas de inspección”.
-Supongo que en este 2024 seguirá actuando igual, inspeccionando de manera aleatoria los aprovechamientos… ¿Cuánto tiempo, cuántos años, les va a llevar estas inspecciones a la Conagua?
-Según las manifestaciones de Conagua en los oficios que ha presentado ante el juez y los programas de trabajo que están tratando de presentar, y todavía no lo definen, la meta es tener las inspecciones sin interrupciones, hasta el año del 2030.
Por Héctor Esparza
Fotografía: Armando Monsiváis
AMG River Desasolves (sic) S.A. de C.V. junto con el Grupo Inmobiliario Tlahtoani S.A. de C.V. obtuvo el contrato número 2022-B04-B22-RM-10-RF-LP-P-OR-0003 para construir con tubería dos líneas de conducción a gravedad. De AMG River Desasolves no hay evidencia documental de trabajos hidráulicos o de otra especie realizados desde su conformación en el año 2019.En la licitación pública de carácter nacional númeroLO-016B00985-E119-2022 del 5 de agosto de2022, se exigió la presentación de "un mínimo de 5contratos y un máximo de 7 contratos o documentos que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria (...) y un tiempo mínimo de 5 años y un máximo de 7 años de experiencia".
AMG River Desasolves no cumple con estos dos requisitos. Aun así la Conagua le otorgó el contrato.En la Plataforma Nacional d Transparencia no se muestran resultados de AMG, como sí ocurre de otras empresas; asimismo en la plataforma de CompraNet, donde se publican los registros de los contratos otorgados por el gobierno federal, tampoco existe evidencia de que AMG haya realizado algún trabajo de infraestructura hidráulica.
En la página de internet www.quienesquien.wiki se revela un Registro Federal de Contribuyentes: ARD190213A68, el cual de acuerdo al Sistema de Administración Tributaria es válido, pero al intentar abrir aquella página no se ofrece información. No existe una página empresarial de AMG y respecto ala dirección postal que logró obtenerse de un padrón de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (calle Kelvin 8 602colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, CP 11590) se trata de un edificio en renta.A pesar de que aparece como proveedora de la CFE, no tiene registros de trabajo con la para estatal. Al solicitara la Conagua el acta constitutiva de
AMG River Desasolves S.A. de C.V. a través de la plataforma de transparencia, así como una copia
del contrato, hasta el momento del cierre de esta publicación, no se tuvo respuesta.
Por otra parte, la adjudicación directa otorgada a negocios de la capital del país, para la construcción de la planta potabilizadora que forma parte del proyecto Agua Saludable para la Laguna, fue un portazo para los empresarios locales de la Comarca Lagunera, quienes no verán un peso de aquella fase de la licitación cuya inversión será cercana a los dos mil millones de pesos.
Los líderes de las cámaras empresariales locales celebraron inicialmente el polémico proyecto (que potabilizará y conducirá a la zona metropolitana de La Laguna doscientos millones de metros cúbicos de agua desde la presa Francisco Zarco en Lerdo, Durango) al creer que los once mil millones de pesos, se quedarían en la comarca; incluso apoyaron la estrategia de polarización orquestada desde el gobierno federal para obligar a los grupos de
ambientalistas y de campesinos a retirar los diversos amparos interpuestos contra la obra.
Hay lentitud en los procesos. Armando Monsiváis
Los fallos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que favorecen preponderantemente a las empresas de la Ciudad de México, han despertado suspicacias. Germán Martínez, quien como funcionario público, y en abierto
conflicto de interés, también es dueño de una constructora que ha firmado 90 contratos con el gobierno de la Ciudad de México en los recientes cuatro años. En adjudicación directa el más cuantioso contrato, el de la potabilizadora, se otorgó a la triada Ozone Ecological Equipments S.A. de C.V., Ingeniería en Procesos de Tratamiento de Aguas S.A. de C.V. y Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I de C.V., las tres con domicilios fiscales en la Ciudad de México.
Con la propuesta desechada por "un cobro doble de intereses de cada periodo" e "incongruencias en los programas (…) de la información solicitada” estas tres empresas avanzaron en el proceso de licitación (según el fallo número LO-016B00985-E39-2022 a disposición en el portal de internet CompraNet de la Secretaría de Hacienda).
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