El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito analizará el próximo 12 de marzo un recurso promovido por concesionarios de aguas nacionales que buscan revertir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena adoptar medidas para la recuperación del Acuífero Principal de la Región Lagunera, una de las reservas de agua subterránea más importantes del norte de México.
De acuerdo con un comunicado difundido por organizaciones ciudadanas que promovieron el juicio de amparo —entre ellas Prodefensa del Nazas A.C. y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C.—, en julio de 2024, 29 concesionarios de agua subterránea interpusieron un recurso de revisión argumentando que debieron ser llamados como terceros interesados durante el proceso judicial.
Con base en ese argumento, solicitan que se reponga el procedimiento y que se deje sin efectos la sentencia emitida por el máximo tribunal del país, la cual obliga a las autoridades federales a adoptar acciones para recuperar el acuífero del que dependen el abastecimiento de agua potable, el equilibrio ambiental y buena parte de la actividad económica de la Comarca Lagunera.
El asunto será revisado por el tribunal integrado por las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo, Magda María Isabel Cobos Lerma, y el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, quienes deberán determinar si procede o no la solicitud presentada por los concesionarios.
Las organizaciones promoventes del amparo sostienen que el recurso carece de fundamentos jurídicos para revertir una sentencia de la Suprema Corte, especialmente porque se trata de una resolución orientada a proteger derechos humanos fundamentales como el derecho al agua y a un medio ambiente sano.
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El litigio tiene su origen en el amparo en revisión 543/2022, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en marzo de 2023. En esa resolución, la Corte determinó que autoridades federales —entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— incurrieron en omisiones en la protección del acuífero lagunero, lo que contribuyó a su sobreexplotación.
El juicio fue promovido inicialmente en 2019 por ciudadanos y organizaciones civiles de la región, quienes denunciaron la falta de acciones gubernamentales para evitar el deterioro del acuífero, del cual dependen más de 1.5 millones de habitantes en Coahuila y Durango.
La Corte concedió el amparo al considerar que la inacción de las autoridades vulneraba los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano, por lo que ordenó adoptar medidas para garantizar la preservación, disponibilidad y saneamiento sustentable del recurso hídrico.
Entre los efectos de la sentencia se encuentra la obligación de diseñar políticas, regulaciones y programas de gestión que permitan detener la sobreexplotación y encaminar la recuperación del acuífero, cuyo déficit hídrico ha sido reconocido oficialmente por estudios de disponibilidad del agua.
La problemática del acuífero lagunero se remonta a varias décadas. Especialistas y organizaciones sociales han señalado que el modelo de gestión del agua subterránea basado en concesiones —establecido a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992— propició un aumento en las extracciones y un control limitado por parte del Estado, lo que contribuyó al deterioro del sistema hidrogeológico de la región.
Además de la sobreexplotación, el acuífero ha enfrentado problemas de contaminación natural por arsénico, fenómeno documentado desde hace décadas y asociado a las características geológicas de la cuenca, lo que ha convertido el manejo del agua subterránea en uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública en La Laguna.
Para las organizaciones que impulsaron el amparo, el recurso que ahora revisará el tribunal podría retrasar o debilitar el cumplimiento de una de las sentencias más relevantes en materia ambiental y de derechos humanos en México.
La resolución que adopte el tribunal colegiado tendrá implicaciones directas para el futuro de la gestión del agua en la región, donde la disponibilidad del acuífero es clave para el abastecimiento urbano, la agricultura, la industria y el equilibrio ecológico del territorio lagunero.
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