El problema del agua en la Región Lagunera no es una crisis reciente, sino el resultado de años de sobreexplotación y mala gestión del recurso. Sin embargo, no ha sido el gobierno quien ha impulsado un cambio, sino la organización de ciudadanos y ciudadanas preocupadas por el futuro hídrico de la región. A través de la vía jurídica, colectivos como Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero han logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la planeación y ejecución de un plan para frenar la crisis del Acuífero Principal de La Laguna.
Gerardo Jiménez, integrante del colectivo Encuentro Ciudadano Lagunero, explica que el movimiento "Todos somos 543" —nombre que hace referencia al número de la sentencia emitida por la Corte— surgió ante la necesidad de visibilizar un problema que afecta a toda la población.
"Hace 20 años solo teníamos evidencia de contaminación por arsénico en el agua, pero ahora enfrentamos un grave problema de desabasto. En 2024 hubo más de 400 manifestaciones ciudadanas por la falta de agua en los hogares. La mayoría de la gente busca soluciones por su cuenta sin conocer que el problema principal es la sobreexplotación del acuífero", explica Jiménez.
Ante esta crisis, las organizaciones promovieron un amparo que derivó en una resolución histórica: la Corte reconoció que Conagua y Semarnat fueron omisas en evitar la sobreexplotación del acuífero, ordenando a ambas instituciones elaborar y ejecutar un plan para recuperar el recurso. Sin embargo, la victoria jurídica no significó un cambio inmediato. Las dependencias federales han mostrado resistencia para cumplir la sentencia, retrasando la implementación de las medidas correctivas.
Después de sanciones y presiones ciudadanas, finalmente Conagua, los quejosos y el Instituto de Geociencias de la UNAM firmaron un acuerdo para dar los primeros pasos en la recuperación del acuífero.
El acuerdo establece tres acciones concretas:
A pesar de los avances, los activistas advierten que aún falta mucho por hacer.
"El proceso de implementación de la sentencia debe ser ejemplar. No buscamos culpables, buscamos resolver el problema. Sabemos que estas acciones pueden afectar a algunos sectores, especialmente a quienes han generado riqueza a través de la extracción ilícita de agua", afirma Jiménez.
El objetivo es establecer un modelo de gestión del agua con enfoque en el derecho humano al agua y no en intereses comerciales. La crisis del acuífero ha sido impulsada por el uso excesivo del agua en la agroindustria, el huachicoleo del agua y la extracción clandestina, dejando a comunidades enteras sin acceso al recurso.
"Queremos agua segura por mucho tiempo. La sentencia 543 beneficiará a toda la población, aunque afecte a algunos intereses particulares. Si seguimos extrayendo más agua de la que podemos reponer, estamos condenando a la región a un colapso hídrico", concluye el activista.
La lucha por el agua en la Comarca Lagunera sigue en curso, pero la organización ciudadana ha demostrado que es posible cambiar el rumbo de las decisiones políticas y ambientales. Ahora, el reto es vigilar que las autoridades cumplan con los compromisos firmados y avanzar hacia un futuro donde el agua sea un derecho garantizado para todos y todas.
Aquí abajo puedes consultar el acuerdo:
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