Entre abril y junio de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó 347 prórrogas, es decir, extensiones de permiso, para seguir sacando agua del subsuelo en la Comarca Lagunera, a pesar de que la región atraviesa un proceso legal para frenar la sobreexplotación del acuífero, el gran depósito de agua subterránea del que se abastece toda la zona.

Ante esto, el abogado Luis Eduardo Pedroza García, quien representa a la parte quejosa dentro del juicio de amparo 1085/2019, envió de manera electrónica los escritos con los que presentó una denuncia de repetición del acto reclamado. Esa denuncia ya fue admitida por un juez federal, quien dará trámite a esta observación para determinar si las autoridades del agua volvieron a actuar de la misma manera que un tribunal ya les había prohibido.

El Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna admitió el caso el pasado 4 de agosto, dentro del expediente relativo al juicio de amparo 1085/2019. Lo que el juez tendrá que resolver es si Conagua repitió una conducta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado ilegal desde 2022, cuando determinó que el gobierno no estaba cuidando el agua de la región como debía, y que eso afecta un derecho básico de la población, el derecho a tener agua y a vivir en un entorno sano.

El acuífero de La Laguna lleva más de veinte años en números rojos. Esto quiere decir que, año con año, se saca más agua de la que la naturaleza logra reponer por medio de la lluvia y recargas aportadas por los ríos Nazas y Aguanaval. Es como una alcancía de la que se retira dinero constantemente sin depositar lo suficiente para reponerlo.

A pesar de esa situación, la denuncia señala que las 347 prórrogas se otorgaron por hasta diez años, sin que Conagua explicara cuánta agua queda realmente disponible en el acuífero, ni cuánta se puede extraer sin poner en riesgo su recuperación. Además, de esas 347 prórrogas, 273 fueron entregadas para uso agrícola sin comprobar cuántas hectáreas de cultivo se iban a regar con esa agua, un dato que la ley exige conocer antes de autorizar este tipo de permisos.

Con la denuncia ya admitida, el juzgado pidió a las autoridades responsables que expliquen, en un plazo breve, por qué actuaron de esa manera. Si no presentan esa explicación, o si la presentan de forma incompleta, la ley establece que se dará por hecho que la denuncia tiene la razón.

Este caso forma parte de un litigio más amplio que comenzó en 2019 y que busca obligar al gobierno federal a tomar medidas reales para frenar el desgaste del acuífero de La Laguna. La ruta de ese litigio pasó por la Suprema Corte, que en el amparo en revisión 543/2022 dictó la sentencia que reconoció la sobreexplotación del Acuífero Principal-Región Lagunera como una condición que vulnera el derecho al agua, del que depende lo que llega a los hogares y a los campos de toda la comarca.